Orden de apellidos, ¿tradición o derecho?

La Tercera Competencia Nacional de Debate sobre Derechos Humanos, convocada por la Academia Interamericana de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Coahuila y el Gobierno de Coahuila, tendrá lugar en la Infoteca de la Universidad Autónoma de Coahuila, ubicada en la Ciudad Universitaria de Arteaga, del 22 al 26 de mayo próximos.

Uno de los dilemas a debatir en esta edición de la competencia gira en torno al establecimiento en la ley del orden de prelación de los apellidos y si éste viola el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

La importancia del tema a debatir parece incuestionable, pues difícilmente se puede negar que una de las decisiones más importantes para los padres de familia consiste en determinar el nombre de sus hijos, mismo que jurídicamente se integra por el nombre de pila y los apellidos que lo acompañan. 

La elección del nombre de un hijo es un momento personal y  emocional, razón por la cual es oportuno preguntarse si el orden de los apellidos de los hijos debe pertenecer a la esfera privada, o bien, se debe permitir la injerencia del Estado para determinarlo por ley.

Las posturas parecen reducirse a justificar o no por qué debería el Estado interferir en las preferencias de los padres para definir el nombre de sus hijos. Este ejercicio implica que se establezca si la intervención legislativa que define el orden de los apellidos persigue una finalidad válida y, en caso de que se supere esa grada del escrutinio, se considere si la medida supera un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la determinación del Estado.

Probablemente, los defensores de una postura tradicional que acepta la intervención del Estado para determinar el orden de los apellidos establecerán que una medida de tal naturaleza se justifica para dar mayor seguridad jurídica a las relaciones familiares. Sin embargo, los detractores de esa postura probablemente objetarán que las legislaciones que determinan el orden de los apellidos no establecen cualquier prelación, sino aquel en el que se privilegia la posición del varón en la familia; de ahí que pudiera evidenciarse una práctica discriminatoria en contra de la mujer.

Entonces, la igualdad de género pudiera surgir en el tema como materia de debate. Habrá que decantarse por defender que el legislador haya preferido el apellido paterno en primer lugar como un motivo de tradición irrelevante que hoy brinda seguridad jurídica, o bien, que dicha hipótesis legislativa entra en conflicto con el derecho humano y constitucional de igualdad de género.

No cabe duda de que el sistema de nombres es una institución a través de la cual se denomina y da identidad a los miembros de un grupo familiar, consagrando una tradición que da seguridad jurídica. Sin embargo, también es defendible una postura que, ante la imposibilidad de registrar el apellido materno en primer lugar, permita al disertante considerar que las mujeres tienen una posición secundaria frente a los padres de sus hijos. 

Finalmente, resulta atractivo escuchar un debate sobre la proporcionalidad e idoneidad de una medida que persigue la seguridad jurídica de la familia, incluso si ésta entra en un conflicto constitucional con el derecho de igualdad de género. El dilema en ese caso sería: si respetar el deseo de los padres respecto al orden de los apellidos de sus hijos contraviene el principio de seguridad jurídica.

El autor de esta columna ha sido invitado como juez de la Tercera Competencia Nacional de Debate sobre Derechos Humanos y, definitivamente, cuenta con una postura personal que deberá reservarse por respeto a los integrantes de los 25 equipos representativos de 11 entidades del País que compiten. Sin embargo, me es permitido afirmar que el debate, como esencia de esta competencia, es fundamental por generar un espacio de deliberación e intercambio de ideas que delinea una generación de jóvenes que, por el hecho de participar, demuestra estar dispuesta a respetar las posturas que no se comparten.

hmorales@lagunalegal.mx
@hugomorales_v

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH.