Proponen a Congreso de Coahuila que Anticorrupción controle proveedores, contratistas y beneficiarios de programas sociales
COMPARTIR
TEMAS
La ASE detectó que la anterior administración estatal pagó 410 millones de pesos a empresas de manera irregular y una de las constantes que no tenían un correcto registro como proveedores o contratistas ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas
Tras el debate por los pagos a “empresas fantasmas” en la pasada administración estatal, la Auditoría Superior del Estado (ASE) le propuso al Congreso de Coahuila que el Sistema Estatal Anticorrupción controle los padrones de proveedores, contratistas y beneficiarios de programas sociales.
Además, planteó que Anticorrupción otorgue una certificación a los funcionarios relacionados con el manejo del dinero.
La ASE detectó que la anterior administración estatal pagó 410 millones de pesos a empresas de manera irregular y una de las constantes que no tenían un correcto registro como proveedores o contratistas ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
“Las áreas de oportunidad que se presentan en el Estado de Coahuila, es la relacionada con el adecuado manejo de los padrones de proveedores y contratistas del sector público, así como los padrones de beneficiarios de los diversos programas sociales a los que se destinan recursos públicos”, señala en el apartado de Agenda Legislativa la ASE en el Informe del Resultado 2018.
El documento agrega que si bien hay disposiciones jurídicas que regulan los padrones estatal y municipales, hay diferentes interpretaciones sobre el alcance y obligatoriedad, por ello su aplicación resulta discrecional en algunos casos.
La propuesta concreta de la Auditoría Superior del Estado para los diputados locales es que “se conceda al Sistema Anticorrupción del Estado la facultad consistente en la administración integral de los padrones de proveedores y contratistas del sector público y los correspondientes a los beneficiarios de los programas sociales y demás transferencias asimilables”.
La finalidad sería que al contarse con una información homologada a nivel estatal y municipal, se pueda garantizar que el recurso público destinado para el pago se ejerza de manera adecuada y transparente.
También para garantizar el control del dinero, la ASE solicita que “se amplíen las atribuciones del Sistema Anticorrupción del Estado y se le otorguen facultades para la certificación de los funcionarios públicos hacendarios estatales y municipales.
