El excesivo retraso en los procedimientos del Registro Público de la Propiedad (RPP) de Coahuila lleva ya años siendo reseñado en forma recurrente. Pese a ello -y al compromiso reiterado de la administración estatal de resolver el problema- nada ocurre, o al menos ocurre muy poco.

De acuerdo con Raúl Garza de la Peña, presidente de la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria, capítulo Región Sureste, cuyas declaraciones consignamos en un reporte que aparece en esta edición, los trámites en la dependencia siguen demorando hasta ocho meses, lo cual se traduce en afectaciones a las personas que utilizan el servicio.

Y lo anterior ocurre pese a que el artículo 111 de la Ley del Registro Público, en el cual se establecen los plazos máximos en los cuales deben concluirse los trámites a cargo de la dependencia, señala que el trámite más tardado -el relativo a la constancia de historia registral- debe demorar a lo sumo 10 días hábiles, es decir, dos semanas.

Ciertamente el último párrafo de dicho artículo establece que, cuando se trate de expedición de certificados de existencia o inexistencia de gravámenes, o de la inscripción de documentos, los plazos establecidos para los mismos -tres y seis días hábiles respectivamente- no se computarán “mientras existan documentos pendientes de calificar, presentados con antelación”.

Sin embargo, de acuerdo con el Presidente de la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria, la mayor parte de los trámites que se realizan en Saltillo no se ubican en dicho caso de excepción y aun así la demora es excesiva.

¿Por qué no ha sido capaz el RPP de resolver el problema de retraso en su actividad, que a estas alturas ya es un mal endémico? ¿Qué le ha impedido a sucesivos responsables de dicha dependencia “poner orden” en sus archivos, registros y herramientas de cómputo?

Hace ya demasiado tiempo se argumenta que el problema fue originado por la implementación de un nuevo sistema computacional, teóricamente adquirido para “modernizar” el servicio del registro pero que, según se ve, logró el efecto exactamente contrario.

Ahora, de acuerdo con Garza de la Peña, los responsables de la dependencia argumentan que se encuentran en el proceso de implementar otra solución computacional, pero que tal desarrollo tomará un año más en ofrecer una respuesta a la situación actual.

Ya sería tiempo de que al público usuario del servicio, así como a la comunidad en general que sostiene con sus impuestos la burocracia estatal, se le ofreciera una explicación clara y convincente de las razones por las cuales el Registro Público de la Propiedad ha caído en el marasmo en el cual se encuentra desde hace demasiado tiempo.

Sería tiempo también, de que los funcionarios responsables de su operación rindieran cuentas de su desempeño que, a falta de mayores elementos para juzgarlo, no puede calificarse sino de incompetencia, pues el tiempo que les ha tomado “atender” el problema es tan largo como inadmisible.