Fuentes federales confirmaron que los recursos se obtuvieron en el marco de las investigaciones que realiza la FGR. ESPECIAL
El monto proviene de un presunto desvío de recursos del Instituto a una empresa

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) recuperó 2 mil millones de pesos provenientes de un presunto desvío de recursos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a una empresa privada en la pasada administración y que ascendería a más de 5 mil millones de pesos.

El dinero, entregado ayer en la conferencia del Presidente, fue canalizado por el mandatario al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para pagar los premios de la rifa del avión presidencial.

Fuentes federales confirmaron que los recursos se obtuvieron en el marco de las investigaciones que realiza la FGR —en las que participó la Unidad de Inteligencia Financiera— sobre un pago del Infonavit por más de 5 mil millones de pesos para la cancelación de un contrato con Telra Realty.

Esta cantidad fue pagada en 2017 porque la administración de Alejandro Murat decidió cancelar el contrato exclusivo  del programa de Movilidad Hipotecaria.

Los bienes cuyo dominio haya sido extinto por sentencia firme en el ámbito federal podrán destinarse a favor de las dependencias”.
Reforma de ley.

PAGAN PARA FUTURAS DEMANDAS

El sucesor de Murat al frente del Infonavit, David Penchyna,  propuso pagar a la empresa 5 mil 88 millones de pesos para evitar futuras demandas. Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, explicó que las investigaciones continúan  y que se puede disponer de ese dinero como parte de las reformas a la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Los cambios establecen que la fiscalía puede disponer de dinero o bienes asegurados durante sus investigaciones antes de que se dicte sentencia y mediante la tramitación de un proceso de extinción de dominio.

“Los bienes cuyo dominio haya sido extinto por sentencia firme en el ámbito federal podrán destinarse a favor de las dependencias y entidades de la administración pública, de la FGR, así como de los gobiernos estatales y municipales, según lo determine el gabinete social de  Presidencia para que se destinen al servicio público, en programas sociales u otras políticas prioritarias”, dice la reforma.

La ley establece que si al finalizar el asunto penal se determina no responsabilidad de los imputados y la devolución de lo asegurado, el Estado deberá hacerse cargo.

“En caso de restitución del bien sujeto al proceso de extinción de dominio ordenada por la autoridad judicial, cuando el bien haya sido vendido de manera anticipada, se pagará el producto de la venta más los productos, rendimientos, frutos y accesorios, menos los gastos de administración que correspondan”, indica el texto.

Gertz Manero informó que en materia penal lo más importante es la reparación del daño a las víctimas y que en este sentido el patrimonio del Estado mexicano ha sido saqueado.