Resultado de consulta no decidirá la cancelación del Aeropuerto de Texcoco al carecer de sustento jurídico: BMA
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El costo de cancelación de la obra oscilaría entre 100,000 y 130,000 millones de pesos, sin embargo los abogados dijeron que se agrega el costo de la penalidad por los perjuicios
El resultado de la consulta ciudadana no decidirá la cancelación del Aeropuerto en Texcoco al carecer de sustento jurídico; así que ser unilateral -por cualquier gobierno entrante o saliente- propiciaría daños y perjuicios económicos “altos” por la ola de juicios de los contratistas, que llevaría a fincar responsabilidades jurídicas al Ejecutivo, desde sanciones hasta que deje el cargo, determino el presidente de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), José Mario de la Garza Marroquín.
“No existe en la ley vinculación jurídica y legitimación jurídica de la realización de una consulta popular”, acotó.
Por tanto, será hasta el 2 de diciembre cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decida la cancelación de los contratos de obra en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), y en caso de hacerlo deberá notificar a las empresas participantes las causas jurídicas de la terminación, no sólo argumentos políticos.
En conferencia de prensa, de la Garza aclaró que la relación contractual no puede darse por terminada de manera unilateral, de modo que daría herramientas para ir a tribunales nacionales e internacionales por daños y perjuicios. “Habría un número importante de litigios y de costos".
Según el CCE, el costo de cancelación de la obra oscilaría entre 100,000 y 130,000 millones de pesos, sin embargo los abogados dijeron que se agrega el costo de la penalidad por los perjuicios( ganancias de las utilidades futuras).
“¿De dónde saldrá el dinero extra para financiar la indemnización?”, cuestionó el presidente de la BMA. Eso llevaría a un impacto económico al país.
La Ley General de Responsabilidad Administrativa obliga a los servidores públicos administrar los recursos públicos sujetándose a los principios de eficiencia eficacia y economía. De incumplir no podrán incurrir en faltas administrativas graves.
