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Los culpan por la muerte del empresario Fortunato Esquivel Gaytán

Monterrey, Nuevo León.- Aunque dijo que por ahora son especulaciones porque están en proceso las investigaciones, el Secretario General de Gobierno, Manuel González sostuvo que en caso de resultar culpables los cinco elementos estatales señalados por los hechos en el Semillero tendrán que pagar.

El funcionario estatal se refirió al caso en el que perdió la vida un empresario, quien presuntamente fue arrojado del piso 14 del edificio, localizado sobre Matamoros entre Villagrán y Villagómez.

Los sucesos se registraron, la noche del sábado, y en relación con los mismos ya hay cinco elementos que fueron imputados por los delitos de robo calificado con violencia, chantaje agravado, abuso de autoridad, allanamiento de morada, uso de documentos falsos y delitos cometidos contra la administración y procuración de justicia.

A pesar de la muerte del empresario Fortunato Esquivel Gaytán, de 27 años, entre los delitos que se les imputó no está el de homicidio

Una fuente de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León precisó que se están allegando pruebas y diligencias al respecto.

“Siempre lo hemos establecido somos respetuosos de la ley y sí algo estaban haciendo mal tendrán que pagar”, dijo en entrevista, este miércoles González.

El funcionario aclaró una vez más que los presuntos no son parte de Fuerza Civil sino de la Dirección General de Investigaciones (DGI) que está a punto de desaparecer.

Sin embargo, el domingo el mismo gobierno estatal emitió un comunicado en el que informaba de la detención de cinco elementos de la mencionada corporación estatal por los acontecimientos.

El lunes, el Secretario de Seguridad Pública estatal señaló que no eran de Fuerza Civil sino de la DGI, una corporación de inteligencia que está a unos 20 días de dejar de existir.

“Es una policía diferente a la de Fuerza Civil”, insistió González.

Los elementos estatales quienes ahora tienen calidad de imputados son: César Daniel S, Carlos Alberto C, Álvaro Israel P, Carlos E y Salvador P.

El juez de control fijo la siguiente audiencia para el próximo 26 del presente.