Foto: Especial
Circula en redes sociales un llamado entre funcionarios y empleados cesados de dependencias del gobierno federal, convocándolos a participar en un mitin el próximo día 9

Ciudad de México. Un anuncio con las consignas ¡Alto a los despidos injustificados! ¡Reinstalación! ¡Basificación ya! y ¡Plenos derechos para todos los trabajadores al servicio del Estado! circula en redes sociales entre funcionarios y empleados cesados de dependencias del gobierno federal, convocándolos a participar en un mitin el próximo día 9.

Por lo menos unas 2 mil personas que laboraban en programas y organismos dependientes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Economía (SE) y Comunicaciones y Transportes (SCT) se quedaron sin trabajo desde finales del sexenio de Enrique Peña Nieto y el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las autoridades de distintas dependencias federales argumentan que no fueron cesados trabajadores de base, sino de confianza o eventuales, pero no informan cuántos de esos empleados se quedaron sin fuente laboral, pese a que muchos de ellos llevaban años o décadas en el gobierno, pero bajo el apartado A de la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que estaban inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y no ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que siete de cada 10 funcionarios federales son de base o sindicalizados. En 2017 existían un millón 697 mil 345 trabajadores públicos, de los cuales 69.5 por ciento, o un millón 179 mil 369, eran de base o sindicalizados, según el censo nacional del gobierno federal.

Los restantes 517 mil 976 burócratas se dividían en trabajadores de confianza (373 mil 701 o 22 por ciento del total), eventuales (6.84 por ciento o 116 mil 121), por honorarios (27 mil 846 o 1.6 por ciento) y existían 308 casos bajo otro régimen de contratación.

Sólo nos impidieron entrar a trabajar

Como si fuera el modus operandi en dependencias públicas, similar a lo que han hecho algunas empresas, decenas de funcionarios fueron echados de sus trabajos sin que las autoridades cumplieran el protocolo laboral estipulado en la LFT.

No les notificaron con antelación ni por escrito que estaban dados de baja, que ya no les iban a renovar el contrato o que éste se anulaba si era por tiempo indeterminado. Simplemente, nos los dejaron entrar a las dependencias donde laboraban.

Así ocurrió con casi medio millar de funcionarios de ProMéxico, fideicomiso dependiente de la SE creado en 2007 para promover las exportaciones y atraer inversión foránea, para cuya extinción se espera otro decreto.

No contamos con un documento legal que nos permita acreditar el despido. Por ello, no podemos tramitar seguros de desempleo para pagos de hipotecas, colegiaturas o el Infonavit. Cuando se extingue una institución deben respetarse derechos adquiridos y el pago de liquidaciones. No pedimos favores, sino el cumplimiento de la ley, dijo José Santamarina en nombre de trabajadores afectados de ProMéxico.

El informe de autoevaluación de ProMéxico del primer semestre de 2018 precisa que sólo contaba con 20 plazas permanentes, que son direcciones, pero tenía autorizadas 176 eventuales y 60 para representaciones en el extranjero, pero ninguno contratado por honorarios.

Sin embargo, trabajadores despedidos aseguraron a este diario que además de los 20 puestos de estructura, a finales del año pasado existían 236 eventuales y 96 que laboraban en el extranjero. Además, otros 196 estaban contratados mediante outsourcing, es decir, 545 en total.

Un número similar, 560 plazas, dejaron de existir en el Servicio de Administración Tributaria. La mayoría corresponde a puestos de enlace, pero también jefes de departamento, subadministradores, administradores y personal operativo.

En la Procuraduría Federal del Consumidor, su titular, Ricardo Sheffield Padilla, reveló en diciembre anterior que ya no se renovó contrato a 300 verificadores eventuales, quienes resultaban indispensables para los operativos y sus módulos en los aeropuertos.

En la SCT, relataron trabajadores, la mayoría de los ceses se efectuaron antes de que concluyera el gobierno anterior, pero el 21 de enero se denunció, en un video en redes sociales, que a 500 empleados adscritos al Programa de Empleo Temporal (PET) se les notificó que prescindirían de sus servicios.

El 11 de enero pasado a otros 400 trabajadores del PET que laboraban en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México se les terminó su contrato, sin que el Grupo Aeroportuario de Ciudad de México les pagara una quincena de finiquito, como se acostumbraba.

En la SCT existen 5 mil 301 plazas de confianza, por lo que de eliminarse 70 por ciento, como anunció el mandatario federal, implicaría dejar sin trabajo a 3 mil 711 personas. A la dependencia se le pidió la información en reiteradas ocasiones –número de despidos, tipo de trabajador, monto al que ascienden las liquidaciones–, pero la respuesta fue que en el periodo de transición y los dos meses que lleva la nueva administración, la Unidad de Administración y Finanzas de la dependencia todavía no está en posición de dar cifras.

En la Secretaría de Turismo no se ha informado sobre el futuro de 150 plazas eventuales del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que al igual que ProMéxico y el Instituto Nacional del Emprendedor será liquidado en este sexenio.

El CPTM contaba con 21 oficinas en diferentes países, donde laboraban 30 personas, en tanto que ProMéxico tenía 46 delegaciones en 31 naciones, cuyo cierre se ordenó desde el año pasado, pero sin que liquidaran a los funcionarios ni les pagaran los gastos de regreso. Además, tenían contratados trabajadores locales bajo las leyes de esas naciones, lo que podría implicar demandas laborales para México, consideró José Santamarina.

Foto: Especial

Incremento de plazas, según el PEF

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019, específicamente en el Analítico de Plazas y Remuneraciones, se prevé un incremento de 368 trabajos en todo el gobierno federal, al sumar un millón 115 mil 918 puestos, cuando el año pasado ascendieron a un millón 115 mil 550 puestos, aunque en algunas dependencias permanecen con el mismo número y otras tienen disminuciones.

Entre las dependencias económico-financieras analizadas aquí destaca el caso de la SHCP, la cual reporta un aumento de 217 puestos de trabajo para sumar un total de 54 mil 559 este año.

En tanto, en la SCT se contempla el recorte de 100 puestos y llegará a 51 mil 404; en la SE su plantilla disminuye en sólo siete, al quedar en 8 mil 894, y en la Sectur aumenta siete, para estar en 3 mil 187.

Sin embargo, en esas plazas no se incluyen las eventuales o de confianza, pues en ProMéxico siempre han aparecido sólo las 20 permanentes, sin incluir las eventuales, que representaban 43 por ciento.

El PEF revela además que el número de puestos de alto nivel permanece prácticamente inalterado. Incluso, subieron en algunas dependencias. Ello, contrario a las reiteradas afirmaciones del presidente López Obrador.

En la Secretaría de Economía, por ejemplo, siguen apareciendo cuatro subsecretarías, pese a que se anunció la eliminación de Competitividad y Normatividad. El número de jefes de departamento subió de 451 a 500; en cambio, bajó de 326 a 316 el de subdirectores de área, de 91 a 87 el de directores generales adjuntos, y de 113 a 112 el de enlaces de la dependencia. No se redujo la cifra de directores, 34, ni la de directores de área, 185, y jefes de unidad, nueve.