Sedesol pagó millones a adultos mayores fallecidos, no localizados o duplicados
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La Auditoría señaló en su revisión de la Cuenta Pública 2016 irregularidades en los padrones de adultos mayores, pues muchos recibían pagos aunque ya habían fallecido o su nombre estaba duplicado
Por Francisco Sandoval (@FSandoval_A) para Animal Político
Durante 2016, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) presuntamente pagó más de 3 mil millones de pesos a miles de personas inscritas en el Programa para Adultos Mayores (PPAM), pero cuyo estatus era de fallecidas, no localizadas o cuyos nombres se encuentran duplicados en el padrón, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2016 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Aun cuando la Auditoría no establece la fecha de cada uno de estos pagos, durante 2016 la Sedesol fue dirigida por José Antonio Meade, actual candidato del PRI a la presidencia de México, quien ocupó el cargo hasta septiembre de 2016, y Luis Enrique Miranda Nava, quien estuvo 4 meses en el encargo y quien actualmente es delegado del PRI para las elecciones a gobernador de Chiapas.
Para llegar a esta conclusión, la ASF realizó un cruce de información entre el padrón del PPAM y el Registro Nacional de Población (RENAPO), donde detectó lo siguiente:
556 mil 548 beneficiarios, por los cuales la Sedesol supuestamente erogó 3 mil 110 milones de pesos, fueron personas no localizadas.
49 mil 196 beneficiarios, con supuestos pagos por 289 millones de pesos, fueron personas duplicadas.
16 mil 997 beneficiarios la Sedesol proporcionó apoyos por un monto de 64 millones 152 mil pesos, eran personas fallecidas, que “se presumen como pagos indebidos”.
De acuerdo con la ASF, en el caso de las personas fallecidas, dichos beneficiarios y montos descritos son un complemento a lo señalado en el informe (segunda etapa) de la cuenta pública 2016 al PPAM, cuando se detectó que la Sedesol presuntamente pagó más de 23 millones de pesos a 8,637 personas con fechas posteriores a sus defunciones.
No sólo eso. La ASF identificó deficiencias en el cumplimiento de las reglas de operación del PPAM, así como en la calidad de datos de la información contenida en la base de datos proporcionada por la SEDESOL, con cifras a 2016: beneficiarios sin edad, con edad menor a la estipulada en las Reglas de Operación; personas sin dato en el campo sexo; beneficiarios sin CURP, sin RFC o sin ambos datos; y personas sin estatus de situación de pago.
Por tal motivo la ASF estableció que “la falta de control y apego a las reglas de operación del PPAM pueden causar un daño al erario público anual estimado del orden de 3 mil 198 millones de pesos”.
También deficiencias en programas de empleos
Además, la ASF detectó una serie de presuntas irregularidades en los programa de Empleo Temporal (PET) y de Empleo Temporal Inmediato (PETI), tras cruzar los padrones con el RENAPO.
En el caso del PET detectaron que:
3,542 beneficiarios, con supuestos pagos por 17 millones 108 mil pesos, no fueron localizadas.
102 beneficiarios, con presuntos pagos por 443.4 miles de pesos, son nombres duplicados.
393 beneficiarios, con supuestos pagos por 1 millón 218 mil pesos, son personas fallecidas, de las cuales 24 la SEDESOL confirmó que causaron baja por defunción, realizando reintegros por 67 mil pesos.
En el caso del PETI se encontró lo siguiente:
14,804 beneficiarios, con supuestos pagos por 25 millones 316.1 miles de pesos, no fueron localizados.
419 beneficiarios, con presuntos pagos por 691 mil pesos, son duplicados.
515 beneficiarios, con pagos por 520 mil, son personas fallecidas, de los cuales la Sedesol confirmó que 7 causaron baja por defunción, de los cuales realizó el reintegro por 14 mil 800 pesos.
A decir de la ASF, aun cuando la Sedesol entre sus argumentos mencionó que el no registro de los beneficiarios en el RENAPO, tanto en el caso del PET y el PETI, no constituía causas suficientes para negar los apoyos, la dependencia “no proporcionó la evidencia de la existencia de estos”.
Como parte de sus observaciones, la ASF recomendó a la Sedesol mejorar los mecanismos de control de los tres programas auditados, además la dependencia auditada contará con un plazo de 30 días para responder a los señalamientos planteados.
