Siete organismos fallan en control administrativo; en Coahuila incumplen la ley desde 2016
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Organizaciones de la sociedad civil de la región Laguna y el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción quieren poner un orden
Seis organismos autónomos en Coahuila y la Auditoría Superior del Estado han incumplido la Ley General de Responsabilidades Administrativas desde julio de 2016, cuando fue aprobada, pues el Congreso del Estado no ha nombrado a sus contralores internos.
La Fiscalía General del Estado (FGE), Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico (Coccam), Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Tribunal Electoral del Estado de Coahuila (TEEC) y Auditoría Superior del Estado (ASE) no cuentan con órganos internos de control que vigilen su funcionamiento, manejo de las finanzas, aplique sanciones o pueda presentar denuncias contra funcionarios públicos.
La importancia de estas instancias es que tienen a su cargo la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas, y definir si los casos son graves, o no, para castigarlos o bien turnarlos al TJA.
También tienen facultades como implementar mecanismos para prevenir actos u omisiones que puedan convertirse en una responsabilidad administrativa; revisan el ingreso, egreso, custodia y aplicación de recursos públicos; e incluso pueden presentar denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción.
Facultades
Además los órganos internos de control tienen facultades como implementar mecanismos para prevenir actos u omisiones que puedan convertirse en una responsabilidad administrativa, revisan el ingreso, el egreso, el manejo, la custodia y la aplicación de los recursos públicos, pueden presentar denuncias por hechos ante la Fiscalía Anticorrupción, pueden emitir códigos de ética y deben mantener actualizada la información sobre la evolución patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses de los servidores públicos, lo anterior de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas aprobada en julio de 2016.
Sin embargo, en el caso de Coahuila se establece en la Constitución del Estado que los titulares de los órganos internos de control de los Órganos Constitucionales Autónomos deberán ser designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado.
Sin embargo, la Fiscalía, el ICAI, la CDHEC, la Coccam, el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y el recién creado Tribunal Electoral no cuentan con un contralor interno.
SÓLO UN NOMBRAMIENTO
El único contralor interno designado por el Congreso del Estado como lo establece la Constitución Estatal lo tiene el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), el cual fue validado mediante el decreto 413 publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 22 de abril de 2016, cuando quedó formalmente nombrado José Luis González Jaime.
Además no existen ni nombramientos similares, ni tampoco funcionamiento homologado de las contralorías internas de los Poderes del Estado: el Ejecutivo cuenta con una Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas que a su vez nombra contralores internos en cada dependencia, en el Congreso Estatal la función la desempeña una Dirección de Asuntos Jurídicos y en el Poder Judicial la función la hace el Consejo de la Judicatura.
Para los nombramientos de cada uno de los contralores internos de los órganos autónomos y la Auditoría Superior antes señalados tampoco existe homogeneidad.
PROPONEN UNA SOLUCIÓN
Ante la falta de nombramientos de los contralores internos y la importancia de estos funcionarios en la vida de cada uno de los organismos autónomos, organizaciones de la sociedad civil de la región Laguna y el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción quieren poner un orden.
La propuesta señala que atendiendo a las mejores prácticas que garanticen que las designaciones de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos obedezcan a criterios de objetividad, profesionalismo, honradez, imparcialidad, transparencia, integridad y competencia por mérito, se proponen elementos para integrarlos en la convocatoria y procedimientos de designación.
Se excluyen los ex titulares de los poderes Ejecutivo, ex presidentes de la Junta de Gobierno del Congreso, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, ex secretario o subsecretario, ex fiscales, ex consejeros de los organismos autónomos y ex tesoreros, dentro de los tres años previos al día de la designación.
Tampoco podrán participar quienes haya ocupado cargos de elección popular o de dirección de algún partido político, dentro de los tres años anteriores al día de la designación.
No tener parentesco consanguíneo o de afinidad hasta el tercer grado con los titulares de los poderes del estado o secretarios del ramo, así como de los titulares de los organismos autónomos, no haber ocupado cargo en la institución, ni haber tenido alguna relación económica por lo menos cinco años de la designación y presentar las declaraciones patrimonial y de obligaciones fiscales.
Los aspirantes serían evaluados por el Consejo de Participación Ciudadana y enviaría la lista al Congreso del Estado, que deberá realizar entrevistas a cada uno, previo al nombramiento.
Con leyes deficientes
El ICAI, la CDHEC, la Coccam y el Tribunal de Justicia Administrativa no cuentan en su marco normativo los requisitos para el cargo de quien ocupará el cargo de contralor, lo que sí sucede en la Ley Orgánica de la Fiscalía General, en el Código Electoral en el caso del Tribunal Electoral, y en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, y su reglamento interior para el caso de la Auditoría.
Tampoco las leyes orgánicas de los organismos autónomos, a excepción del Tribunal Electoral que contempla siete años, tienen definido un período de duración del contralor interno.
El mecanismo de designación también tiene variantes dependiendo de la Ley Orgánica de cada organismo autónomo, sin embargo de manera general se establece que será el Congreso el que valide el nombramiento y hay discrepancia en las propuestas de la terna que llegaría al pleno del Poder Legislativo.
Pendientes:
Faltan nombramientos en:
> La Fiscalía General del Estado (FGE).
> El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI)
> La Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila (CDHEC).
> La Comisión Coahuilense de Arbitraje Médico (Coccam).
> El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)
> Tribunal Electoral de Coahuila (TEC).
> La Auditoría Superior del Estado (ASEC).
