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La Segob ejerce cada vez menos supervisión de éstas y tiene problemas para integrar el registro de compañías con permisos estatales y federales

CDMX.- En el sexenio de Felipe Calderón, cuando la declaratoria de combate frontal al crimen organizado desató una ola de asesinatos y criminalidad en México, la demanda de servicios de empresas de seguridad privada aumentó un 24 por ciento.

De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la cuenta pública de 2015, el número de hogares del país en los que se instalaron alarmas pasó de 596 mil 227 a 739 mil 48 entre 2007 y 2012; el total de las viviendas en las que se requirió vigilancia aumentó de 384 mil 930 a más de 575 mil, mientras que el registro de empresas autorizadas para prestar este tipo de servicios aumentó un 28 por ciento, al pasar de 714 a 914.

La Secretaría de Gobernación, sin embargo, ejerce cada vez menos supervisión sobre éstas, tiene problemas para integrar el registro de empresas con permisos estatales y las que tienen permiso federal y, en 2015, simplemente no pudo informar a la ASF cuántos negocios de este tipo existen en México, ni su personal ni su armamento.

“Asimismo, se comprobó que durante el periodo 2009-2015, el número de visitas de verificación realizadas se redujo en promedio anual en 12.4%, al pasar de 691 empresas verificadas a 313 respectivamente; en términos de cobertura, sus actividades de supervisión disminuyeron en 69.8 puntos porcentuales, ya que en 2009 se verificó el 98.3 % del total de empresas, mientras que en 2015 sólo el 28.5% ; y en cuanto a su capacidad operativa, ésta descendió un 75%, al pasar de 16 verificadores que en promedio realizaron 43.2 verificaciones anuales en 2009 a cuatro verificadores en 2015”, agrega.

El dictamen es resultado de la auditoría realizada a la SEGOB para revisar su trabajo en materia de regulación en la prestación de los servicios de seguridad privada y para el cual se le asignaron 76.6 mdp en 2015. Pero la Dirección General de Seguridad Privada “no dispuso de los convenios de coordinación para establecer los medios de intercambio de información con las entidades federativas”.