Solo 3 amparos se otorgaron por megafraude en caso Infonavit
A la fecha ningún otro funcionario judicial involucrado en el caso ha conseguido que se le decrete la suspensión provisional
Los tres funcionarios judiciales que lograron se les concediera una suspensión provisional contra el proceso disciplinario que se les impuso, han tramitado ampliaciones para añadir razones de invalidez y buscar la suspensión definitiva.
Miriam Cárdenas Cantú, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, ratificó que a la fecha ningún otro funcionario judicial involucrado en el caso ha conseguido que se le decrete la suspensión provisional, salvó los tres que ya se había informado.
LA INVESTIGACIÓN
Como se ha informado, 3 de los 18 funcionarios del Poder Judicial del Estado que son investigados por el megafraude del Infonavit en Coahuila, se les admitió la demanda de amparo y obtuvieron la suspensión provisional de las investigaciones.
En total son 6 jueces y 12 secretarios los involucrados por juicios presuntamente fraudulentos de más de 100 mil viviendas de diferentes partes del país.
“No ha habido una concesión distinta, están en estudio (los amparos), no significa la suspensión del procedimiento, solo 3 de 18 se concedieron contra una medida cautelar, pero los procedimientos siguen su trámite.
“Sí ha habido ampliaciones de las mismas demandas interpuestas, no suspende el procedimiento, la única suspensión determinada es que no dictes la sentencia o la resolución final del proceso disciplinario”, recalcó.
Cárdenas Cantú señaló que el hecho de haber solicitado una ampliación a su solicitud de amparo significa añadir más argumentos para invalidar definitivamente la medida dictada
LAS QUEJAS CIUDADANAS
Por otro lado, ante las quejas ciudadanas por presuntas irregularidades en los juzgados mercantiles, en lo que los jueces admiten demandas masivas de hasta más de 40 denuncias en un día y embargan inmediatamente, Cárdenas Cantú pidió a la gente interponer la queja ante la Judicatura.
Cárdenas Cantú señaló que actualmente de los 180 mil juicios vigentes en el Estado, aproximadamente 50 mil son causados por problemas en el cumplimento del pago de pagarés.
