Sufren estados saqueados por sus ex gobernadores
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La lista parece agrandarse conforme los gobernadores electos realizan sus auditorías
La emergencia que significa la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos no debe ser motivo para olvidar a los ex Gobernadores priistas acusados por corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y hasta delincuencia organizada que hoy disfrutan de libertad amparados por la impunidad que reina en el país, dijeron analistas consultados por SinEmbargo.
El jueves pasado, el ex Gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías, se entregó a las autoridades para enfrentar las acusaciones que se le imputan. No fue un mérito de la Procuraduría General de la República (PGR) ni del Gobierno del priista Enrique Peña Nieto, sino un cálculo político del ex mandatario.
“Estamos muy atentos a lo que viene con el triunfo de Trump, quizás eso lo aprovechó Padrés para entregarse. Varios medios titularon: ‘Cae Padrés’, como si hubiera sido un éxito de la Procuraduría; la verdad es que el ex Gobernador hizo su cálculo con su abogado y vio conveniente entregarse, enfrentar a la justicia porque posiblemente las inconsistencias que cometieron para armar su expediente, lo ayuden a salir libre por violaciones al debido proceso”, dijo Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.
La académica lamentó la “lentitud” de la PGR para perseguir a los ex gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusados de corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero.
La lista parece agrandarse conforme los gobernadores electos realizan sus auditorías. Ayer, a la par de la aprehensión de Padrés, se sumó a la lista de los acusados Jorge Herrera Caldera, ex mandatario priista de Durango, quien se amparó junto con una veintena de sus colaboradores para averiguar si existe una orden de aprehensión en su contra.
Antes que Herrera Caldera están pendientes las investigaciones sobre Javier Duarte de Ochoa, Gobernador con licencia de Veracruz, hoy prófugo de la justicia, ni la de los ex gobernadores César Duarte Jáquez, de Chihuahua, y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, sobre quienes ni siquiera pesa una orden de aprensión a pesar de las serias acusaciones en su contra.
“No sé que están pensando; la PGR está actuando con lentitud y es el mismo procedimiento con todos los gobernadores, parece que se les da tiempo para que se vayan, que muevan algo del dinero que se robaron, dejando lo que no se pueden llevar. El país está pasando por una etapa muy difícil, porque lo que vemos es una serie de pactos de impunidad a todos los niveles que deja poca posibilidad para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción[SNA] que el Presidente [Enrique Peña Nieto] presentó hace poco”, explicó.
José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), coincidió con Acuña Murillo y agregó que el amparo del ex Gobernador de Durango es la prueba de su culpabilidad.
“El ex Gobernador de Durango, ¿por qué se ampara? Sabe que robó, porque no se lo tiene que decir nadie; él sabe que robó y se ampara. Está confesando por eso se está amparando. Hay otros que ni siquiera ha habido orden de aprehensión ni nada como en el caso de César Duarte, los Moreira, Borge. No hay voluntad para castigar de manera amplia a quienes incurrieron en algo semejante a lo de Javier Duarte”, dijo.
Para Nicolás Loza Otero, analista político de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en el caso de Chihuahua– que de acuerdo con el Gobierno entrante César Duarte no dejó ni para la gasolina– podría ocurrir algo similar a lo que pasó en Veracruz, en donde pareciera que hay un acuerdo previo.
“En Veracruz pareciera que hubo un acuerdo para que Javier Duarte pidiera licencia para poder irse, sin ser consignado; con César Duarte, no podemos saber si pasa lo mismo, pero por lo pronto no tenemos ningún caso integrado en la procuraduría”, recordó.
Lorenzo Meyer Cosío, investigador y politólogo de El Colegio de México (Colmex)
Calificó en una entrevista reciente con SinEmbargo como “una pésima coyuntura” la elección estadounidense y la realidad mexicana, de la cual nadie puede estar orgulloso por la cantidad de asesinatos, corrupción e impunidad.
“Tenemos la desgracia de ser productores y corredores de droga hacia el gran mercado norteamericano, lo que ha producido un a pésima imagen de México que no ayuda a mantener la dignidad nacional y el orgullo nacional. Esta elección norteamericana nos toma en un momento en que nosotros mismos dudamos del camino que México ha seguido, y de la calidad de la vida colectiva de México con los asesinatos, la corrupción, la violencia, la impunidad. Nadie puede estar orgulloso de la vida interna de México; luego se nos viene encima el que somos chivo expiatorio porque se señala que nos robamos los empleos norteamericanos, pues es una pésima coyuntura”, consideró.
QUE REGRESEN LO QUE SE ROBARON
Ivonne Acuña dijo que si el PRI y el Gobierno federal tienen una voluntad real de combatir la corrupción política de sus ex gobernadores, deben atraparlos, enjuiciarlos y obligarlos a devolver a las arcas públicas lo que se robaron.
“Una vez que los atrapan, si es que los atrapan, no devuelven lo que se robaron y lo usan para pagar a sus abogados, vivir muy a gusto en la cárcel y pasa lo que pasó con Raúl Salinas de Gortari, que salió con su dinero a pasearse en autos de lujo”, detalló.
Pero si el Gobierno federal no persigue y encarcela a los ex gobernadores priistas, quedará claro que las promesas de Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, de combatir la corrupción, son sólo palabras, agregó Crespo Mendoza.
“Quedará claro que en realidad hacen como que persiguen a la corrupción, pero no la están persiguiendo en serio, sólo es para darnos atole con el dedo, para reducir los costos de lo que pasó en esta elección [junio 5]. Si no hacen nada con los demás gobernadores, no reducirán la corrupción”, dijo.
Crespo Mendoza explicó que las órdenes de aprehensión en contra de Padrés Elías y Javier Duarte de Ochoa obedecen al deseo de la ciudadana por combatir la corrupción mostrada en las elecciones de este año.
“Si no hubiera presión ciudadana no pasaría lo de Padrés. Pasó un año desde que salió y tuvo que ocurrir la elección de este año para que se fueran contra él que estaba libre, igual que Rodrigo Medida de Nuevo Léon, los Moreira en Coahuila”, detalló.
EL PRI DEJÁRA UN PAÍS DEVASTADO
Los analistas coincidieron en que la corrupción, la impunidad y los resultados en materia de seguridad impactarán en los resultados del PRI en la sucesión presidencial de 2018.
“No creo que puedan evitar que la seguridad sea en las elecciones de 2018 un problema fundamental en el tema de la campaña política. Los números van a ser muy sencillos, son fríos y hablan por sí solos”, dijo en una entrevista con este medio digital hace una semana Tony Payán, director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute for Public Policy de la Universidad Rice, en Estados Unidos
Sin embargo el tema de la corrupción de los gobernadores priistas pesará de manera contundente en el voto de 2018 consideró Ivonne Acuña.
“Si el Gobierno no atrapa a esos gobernadores y pone un freno a la corrupción en todos los estados, no tiene cara para presentarse en 2018. El PRI va a dejar un país devastado; antes había una máxima priista que decía ‘roba pero deja para que el viene’, ya no dejan, ya matan a la gallina de los huevos de oro, dejan quebrado al Estado. Hay un cinismo absoluto, no buscan simular sus robos porque no hay autoridad que les ponga freno”, dijo.
Los 5 estados con más deudas y gobernadores investigados
Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Sonora son las entidades cuyo endeudamiento está acompañado por denuncias contra sus ex mandatarios por enriquecimiento ilícito
Al menos cinco estados del país protagonizan la lista de los que tienen en números rojos a su población. Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Sonora son los cinco cuya deuda per cápita se elevó entre de 4 a 123% con administraciones priistas y una panista.
Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), refieren el grado de endeudamiento de tales entidades.
Quintana Roo
El estado gobernado por Roberto Borge Angulo (2011-2016) asumió una deuda por 10 mil 37 millones de pesos, y la elevó 123%, por lo que alcanzó 22 mil 442 millones de pesos. Es decir que cada uno de los quitanaroenses debería 14 mil 946 pesos, si se toma en cuenta que hay un millón y medio de personas en Quintana Roo.
La entidad aparece como el estado de menor acceso público al desglose de recursos de dependencias y sueldos de funcionarios en el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) que realizó el Instituto Mexicano de la CompetitividadIMCO, según difundió el portal Sin Embargo.
El ex gobernador es señalado por despojos de predios para entregarlos a desarrolladores inmobiliarios. Durante su administración se le involucró en la aprobación del complejo inmobiliario en Tajamar, cuya obra provocó un daño ecológico, pues se trata de una zona de manglares.
Coahuila
A Rubén Moreira Valdez (2011-2017) su hermano Humberto –ambos del PRI– le entregó la entidad con una deuda de Coahuila por 36 mil 509 millones de pesos y a 2015 creció 4%, es decir, 38 mil 008 millones de pesos. De esta forma cada habitante debería en ese año 12 mil 862 pesos, dado que la población asciende a tres millones de habitantes.
El ex mandatario es acusado de tapar a su hermano Humberto. Las autoridades estadounidenses incautaron bienes por 35 millones de dólares a Héctor Javier Villarreal Hernández, quien fue tesorero de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira.
Nuevo Léon
Rodrigo Medina Cruz (2009-2015), arrancó su gestión en Nuevo León con un endeudamiento por 33 mil 771 millones de pesos hasta dejarla en 63 mil 832 millones de pesos; un aumento de 89%. Por habitante implicarían 12 mil 468 pesos fraccionados entre los cinco millones de habitantes.
En mayo de 2015, Ciudadanos contra la Corrupción exigió a Medina Cruz dejar el cargo para que el priista fuera investigado por enriquecimiento ilícito, luego de que se reveló que él y su familia son dueños de propiedades millonarias en México y en Estados Unidos.
En agosto de este año, Rodrigo Medina acudió ante un juez para que le presentara los cargos por haber otorgado incentivos fuera de la Ley a la empresa automotriz KIA, lo cual provocó un daño patrimonial al estado por tres mil 683 millones de pesos, de acuerdo con la acusación en su contra.
Chihuahua
César Duarte Quiroz (2010-2016) recibió el Gobierno de Chihuahua con una deuda total por 12 mil 547 millones de pesos y la elevó 240% al dejarla en 42 mil 762 millones de pesos. Repartida entre sus tres millones de habitantes, a cada chihuahuense le tocarían 12 mil 023 pesos frente a los 3 mil 683 pesos que debían en 2010.
El priista participó en la creación del Banco Progreso en 2014 y después fue denunciado penalmente por presunto enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. Un juzgado español, además, giró una orden de embargo en contra de sus bienes en Chihuahua luego de que procediera una demanda en su contra. De acuerdo con la empresa que lo demandó, el priista le intentó pagar con dinero público parte de un adeudo que asciende a tres millones 760 mil 570 dólares.
Sonora
Guillermo Padrés Elías (2009-2015) comenzó su mandato en Sonora con una deuda por 17 mil 287 millones de pesos y la subió a 22 mil 780 millones de pesos, 31% más. Es decir, de los dos millones 800 sonorenses, cada uno debería siete mil 992 pesos.
El panista, quien la semana pasada decidió entregarse, luego de hacer el anuncio durante una entrevista radiofónica, será recordado como aquel mandatario que dinamitó la presa hidráulica privada de su rancho Pozo Nuevo –actualmente embargado y recientemente cateado por las autoridades estatales– y por poseer 450 caballos pura sangre con un valor de más de 100 millones de pesos.
En diciembre del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora abrió 30 expedientes diferentes para indagar las sospechas de casos de corrupción durante su administración. También, desde hace un mes, la nueva Comisión Anticorrupción panista lo investiga y el blanquiazul le retiró sus derechos como militante.
Antes de la Ley de Disciplina Financiera –aprobada en abril– únicamente se requería la voluntad de la mayoría simple (50% más uno) de los diputados del Congreso local para aprobar la deuda pública de la entidad. Al ser el principal mecanismo de control, muy laxo, básicamente todos los estados tenían la puerta abierta al endeudamiento fácil y sencillo, consideró Diego Díaz, del área de Finanzas Públicas del IMCO, de acuerdo a lo difundido por el portal.
“Algunos por circunstancias particulares se aprovecharon más y recurrieron a más deuda en ocasiones bajo condiciones de ilegalidad y opacidad”, añadió
La Ciudad de México, Veracruz (cuyo ex Gobernador es buscado por la Interpol), Baja California, Nayarit y Zacatecas son las otras cinco entidades que deben más a nivel nacional respecto al número de sus habitantes.
