Supremo español impone penas de cárcel a nueve líderes catalanes
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El Tribunal Supremo español condenó a penas de entre 9 a 13 años de cárcel a nueve líderes catalanes por el proceso secesionista ilegal de 2017 en Cataluña.
El Tribunal Supremo español impuso penas de entre 9 a 13 años de cárcel a nueve líderes catalanes por el proceso secesionista ilegal de 2017, una decisión que puso final a un periodo de incertidumbre político-judicial y que marcará las elecciones generales españolas del 10 de noviembre.
La sentencia también fijó penas menores para otros tres acusados, que no tendrán que entrar en prisión, en un fallo de 493 páginas que liquida el proceso legal iniciado tras el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia ese mismo mes.
Los siete jueces apoyaron por unanimidad la sentencia condenatoria por sedición y malversación de fondos públicos, pero descartaron el delito más grave de rebelión.
Una condena por rebelión hubiera implicado penas mucho mayores, de hasta 25 años de cárcel, pero los jueces no apreciaron que se produjo el nivel de violencia necesario para aplicar ese supuesto penal.
MÁXIMA PENA DE 13 AÑOS PARA EL EXVICEPRESIDENTE JUNQUERAS
El exvicepresidente del Gobierno regional catalán Oriol Junqueras recibió la pena más elevada, de 13 años de cárcel, mientras que otros miembros del anterior Ejecutivo regional fueron condenados a entre 10.5 y 12 años.
La entonces presidenta del Parlamento autonómico fue condenada a 11.5 años y los dirigentes de dos organizaciones sociales independentistas a penas de 9 años cada uno por su papel en la organización de protestas violentas.
El tribunal consideró que los condenados actuaron de forma coordinada y jerarquizada.
Otros tres condenados fueron sentenciados a multas por desobediencia, pero no a penas de cárcel.
Finalmente, los sentenciados a prisión fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos, por lo que seis de ellos tendrán que ser retirados de las candidaturas a las elecciones del 10 de noviembre.
SÁNCHEZ: JUICIO CON PLENAS GARANTÍAS
El presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, afirmó tras conocer la sentencia que España "es una de las mejores democracias del mundo" y que el proceso judicial tuvo lugar "con plenas garantías y absoluta transparencia".
En una declaración institucional, Sánchez, que también habló en inglés para explicar mejor la posición gubernamental ante los medios extranjeros, insistió en que en la democracia española "nadie es juzgado por sus ideas ni por su proyecto político".
El jefe del Gobierno en funciones recalcó que la sentencia confirma el "naufragio" del proyecto independentista de 2017, cuyos líderes ignoraron "los derechos de la mayoría social no independentista de Cataluña".
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, descartó que pueda haber un perdón oficial a los condenados: "no procede hablar de indulto" porque no está en la voluntad del Gobierno, aseguró en unas declaraciones televisivas.
LOS INDEPENDENTISTAS HABLAN DE "VENGANZA" DEL ESTADO
En cambio, el presidente del Gobierno regional catalán, el independentista Quim Torra, consideró la sentencia como un acto de "venganza, no de justicia", y se reafirmó en el objetivo de avanzar "sin excusas" hacia una república catalana.
Los condenados señalaron a través de redes sociales su rechazo a las penas e insistieron en que no cejarán en su objetivo. Junqueras acusó al Estado español de "moverse por la venganza" mientras que Jordi Cuixart, sentenciado a nueve años, afirmó: "Lo volveremos a hacer".
Tras divulgarse la sentencia, grupos de activistas independentistas participaron en protestas en algunas ciudades, especialmente Barcelona, cortaron algunas carreteras y entraron en el aeropuerto internacional barcelonés de El Prat, aunque por ahora no se afectó el tráfico aéreo.
Un fuerte despliegue policial protege los edificios oficiales y las infraestructuras más importantes.
El Gobierno regional catalán impulsó una reforma legal en el Parlamento autónomo, que aprobó en septiembre de 2017 a pesar de que violaba el propio estatuto de la autonomía catalana.
Tras esa reforma, se celebró un referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017, que fue obstaculizado en algunos lugares por las fuerzas de seguridad españolas (Guardia Civil y Policía Nacional) ante la pasividad de la policía regional catalana.
El gobierno regional catalán, que entonces presidía Carles Puigdemont, proclamó una victoria del independentismo en esa votación, a pesar de que no fue legal, tuvo lugar sin un censo oficial y sin un recuento supervisado.
Puigdemont huyó de España para no someterse a la acción de la Justicia y actualmente reside en Bélgica, y el juez de instrucción del caso cursó hoy, tras la sentencia, una nueva orden europea e internacional de detención y entrega en su contra.
Cataluña se encuentra desde hace años sumida en una profunda división política y social debido al objetivo independentista de sus autoridades, que, según las encuestas, no es compartido por la mayoría de la población.
Los independentistas tienen una mayoría estrecha en el Parlamento regional debido a que la ley electoral (que favorece a las zonas rurales) les asigna más diputados a pesar de tener menos votos que los partidos que se oponen a la separación del resto de España.
