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La Fiscalía acusa a siete soldados de uso indebido del servicio público y a tres de homicidio y encubrimiento, mismos que en 2016 habían salido de prisión, pero ahora, tomando en cuenta las pruebas, los jueces decidieron reaprehenderlos

El diario El País da a conocer este día que un tribunal ha ordenado detener de nuevo a los militares implicados en la matanza de Tlatlaya en junio de 2014, caso que sacudió al Gobierno de Enrique Peña Nieto, poco antes de la desaparición, a finales de septiembre de 2014, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La Fiscalía acusa a siete soldados de uso indebido del servicio público y a tres de homicidio y encubrimiento, mismos que en 2016 habían salido de prisión, pero ahora, tomando en cuenta las pruebas, los jueces decidieron reaprehenderlos.

Recordemos que en aquel entonces la Sedena expuso en su defensa que un convoy militar se había enfrentado a un grupo de civiles armados en una bodega a medio construir, en una comunidad del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, que los civiles habían atacado a los militares y que estos se habían defendido; que en el tiroteo, 22 civiles habían muerto y un militar había resultado herido.

En septiembre de ese mismo año una testigo de lo ocurrido, Clara Gómez, desmintió a los militares y denunció que después del enfrentamiento, una vez rendidos, los militares habían ejecutado a los supervivientes. Otras dos testigos dijeron lo mismo. En su investigación, la Fiscalía concluyó que los asesinados eran ocho, el resto había caído en combate. La oficina del ombudsman elevó ese número, sin embargo, a entre 12 y 15. Además, los militares modificaron la escena del crimen, movieron cuerpos y armas para apuntalar su versión.

La nueva orden de detención supone un giro en el caso, congelado desde la liberación de los militares en 2016. 

Más allá del destino de los soldados, la decisión del tribunal es importante porque reconoce por primera vez la existencia de un segundo evento de disparos. El Ejército y la defensa de los soldados siempre ha negado que los militares ejecutaran a los supervivientes después del enfrentamiento. 

Los militares acusados de homicidio y encubrimiento son Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández. El teniente que iba al mando esa madrugada, Ezequiel Rodríguez, ha librado de momento el cargo de encubrimiento y solo enfrenta una acusación por ejercicio indebido.

(Con información de El País)