"PGJE debe investigar casos de estudiantes desaparecidos en Monclova"

Coahuila
/ 29 septiembre 2015

Llaman a las autoridades a realizar correctamente sus investigaciones en vez de difundir información sensible a través de los medios de comunicación

Saltillo.- El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios lanzó hoy por la tarde un comunicado en el cual brindan apoyo a las familias de los cuatro estudiantes desparecidos en Monclova, y llama a las autoridades a realizar correctamente sus investigaciones en vez de difundir información sensible a través de los medios de comunicación.

Los jóvenes estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila Cecilia Picazo, Marlyn Peña, Cintia Rodríguez y Carlos Núñez, fueron secuestrados el pasado 11 de abril al salir del plantel.

Sin embargo, el pasado 25 de septiembre, el procurador general de justicia del estado, Homero Ramos Gloria, declaró que los cuatro podrían haber sido asesinados por miembros del crimen organizado al confundirlos con integrantes de una banda de delincuentes, aunque no han confirmado esa información.

Agregó que las autoridades habrían detenido ya a 26 personas involucradas en este caso, entre ellos los autores materiales del secuestro y a los presuntos asesinos.

El comunicado del centro de derechos humanos señala que los familiares se acercaron a ellos para preguntar si era "normal" el actuar de la PGJE, ya que a ellos no les han brindado información directa, mientras que sí o hacen en los medios.

"Es preocupante que las autoridades encargadas de procurar justicia en el estado, manejen en medios de comunicación, información sensible de los casos, asimismo es irresponsable se emitan conclusiones como el dar por muertos a personas desparecidas sin haberlo demostrado a partir de una investigación científica y profesional", expresa el documento.

Luego de señalar que las autoridades han mostrado sólo evasiones con las familias, precisan que se violan los derechos humanos de las familias, así como la denegación al acceso a la justicia y al derecho a la verdad.

El comunicado termina con un mensaje hacia al cuerpo de gobierno coahuilense, en donde se les pide "ser consecuentes con el discurso y la apertura a trabajar de fondo (sic), a que se demuestre la versión manejada en los medios y si es el caso se entreguen los restos plenamente identificados a las familias", además de informar qué medidas van a tomar para que no vuelva a ocurrir.

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