Toman instalaciones de la mina Cerro de Mercado en Coahuila
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Presentan denuncias contra dirigentes
Piedras Negras, Coah.- Le empresa Minera del NORTE (MINOSA) informó que presentó denuncia penal contra Sergio Beltrán, Erick Barreto y Arturo Robles por los delitos de despojo, daños y perjuicios, y asociación delictuosa, a raíz de la toma ilegal de las instalaciones de su unidad Cerro de Mercado desde el día de ayer.
A través de un comunicado, el director Corporativo de Comunicación Social, Francisco Orduña Mangiola, señaló que el paro ilegal de actividades obedece a razones políticas y es instigado por Napoleón Gómez Urrutia, dado que no existe sustento laboral ni jurídico que lo justifique.
Manifestó que no es la primera ocasión en que se afecta la producción en esa unidad productora de mineral de fierro con este tipo de movimientos anárquicos y la compañía responsabiliza directamente de ello a Sergio Beltrán, actual cabeza del Sindicato Minero a nivel nacional, así como a Erick Barreto, líder de la sección 42 y Arturo Robles, delegado en Durango.
Precisó asimismo que es absolutamente falsa la versión propagada por los dirigentes mencionados para justificar su acción, en el sentido de que la compañía pretende despedir a 50% de la plantilla laboral de Cerro de Mercado.
Subrayó que igualmente se rechaza rotundamente la demanda de retirar los sistemas de control y vigilancia en la unidad productiva, así como los filtros anti-alcohol, -como pretenden las personas señaladas- dado que precisamente están destinados a garantizar la seguridad de los trabajadores en operaciones mineras que conllevan riesgo.
"Este tipo de acciones irresponsables solamente afectan a los propios obreros, dado que quedan sin sus percepciones", indicó.
Afirmó que la empresa está abierta al diálogo constructivo pero no acepta presiones y condicionamientos ilegales.
En su unidad Cerro de Mercado, Minera del Norte genera concentrado de mineral de fierro para la producción de acero y mantiene una fuente de trabajo para 500 trabajadores entre obreros y empleados de confianza, así como otros 2 mil 500 empleos indirectos en proveedores de bienes y servicios que se han visto afectados por esta situación ilegal.
