A 5 años de la recomendación, víctimas de la ‘Masacre de Allende’ no han sido reparadas del daño

Cinco años después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 10VG/2018 por violaciones graves a los derechos humanos en el caso conocido como “La Masacre de Allende”, las víctimas no han sido reparadas de los daños, mientras que las autoridades todavía se cuestionan los términos.

Fue a finales de octubre cuando la Comisión Estatal de los Derechos Humanos promovió un recurso conocido como “Amicus Curiae” para que el Tribunal Constitucional del Estado de Coahuila ayudara a solventar una serie de dudas sobre el alcance de los puntos recomendatorios de la CNDH, sobre todo en el panorama de la reparación a las víctimas que sufrieron desaparición, detenciones arbitrarias y otros daños.

De acuerdo con la recomendación de la CNDH, la CDHEC únicamente funge como un vigilante del cumplimiento de los puntos recomendatorios, que fueron dirigidos a autoridades como la Fiscalía de Coahuila, la FGR, el Ayuntamiento de Allende y el Gobierno del Estado.

El ejercicio que fue promovido por Gabriela Noguez, titular del despacho de presidencia de la CDHEC, y en la presentación, fueron convocadas víctimas y representantes legales de algunas de ellas, incluso las no reconocidas en la recomendación; sin embargo, en la audiencia de alegatos donde el Tribunal presentó sus resultados, ya no fueron convocados.

En los cuestionamientos expresos de la CDHEC, se encuentran puntos donde se pregunta al Tribunal aspectos como si es el Estado quien debe realizar las compensaciones a las víctimas, así como si es constitucional que el Estado tome en cuenta su situación presupuestaria para elaborar la propuesta de lo que les sería otorgado.

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Ariana García Bosque, abogada del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Piedras Negras, dice que para el cumplimiento de esta recomendación se han realizado diversos actos de simulación, y entre ellos, está este ejercicio que podría retrasar los procedimientos para reparar a las víctimas, a más de 10 años del suceso y a cinco del documento expuesto por la CNDH.

En ese sentido, recuerda que en el Amicus Curiae, incluso también la CDHEC abre la duda de si el Estado debe o puede considerar a otras víctimas que no están suscritas entre las 49 de la Recomendación, aun cuando la misma CNDH solicitó que la autoridad realizara un Censo para identificar a otras víctimas, mismo que tampoco se ha realizado pese a que se dio un tiempo límite de seis meses para ejecutarse.

“Ellos mismos saben que hay criterios internacionales que deben aplicarse. Ellos deben hacer interpretaciones amplias de los conceptos. Si el cuerpo completo dice que ‘todas estas personas son víctimas’, indistintamente reconoces que puede haber más, además de que la misma CNDH solicitó que hubiera un Censo donde se podría identificar a otras”, explica.

En ese aspecto, Ariana García recalca que mientras han pasado cinco años de la recomendación, este procedimiento además pretende generar criterios para delimitar las responsabilidades que se reconocen en la recomendación, tanto de las autoridades estatales, como de las Comisiones de Atención a Víctimas.

“Sentimos que este ejercicio se hizo con la intención de generar los criterios que van a limitar el debido cumplimiento de la recomendación. Se busca retrasar el cumplimiento de la reparación del daño y establecer criterios que no son competentes para eliminar su responsabilidad”, expresa.