Accidentes de pipas de combustible en México: Coahuila y Tamaulipas, entre los estados con más siniestros

En la última década, el transporte de combustibles en México se ha convertido en un foco persistente de riesgo vial y de seguridad industrial. Entre 2016 y 2025, las autoridades federales documentaron al menos 374 accidentes de pipas de combustible en todo el país, un promedio que equivale a tres siniestros al mes, o uno cada diez días, de acuerdo con registros oficiales.

El más reciente episodio se registró el jueves 22 de enero, cuando una pipa explotó sobre la carretera México–Tuxpan, a la altura de Tulancingo, Hidalgo, reavivando la preocupación por las condiciones en las que operan estas unidades y la supervisión que existe sobre las empresas transportistas.

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Información entregada a MILENIO por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) revela que, en ese periodo, los accidentes involucraron vehículos pertenecientes a 141 empresas distintas. La entidad con mayor número de incidentes fue Veracruz, con 38 casos, seguida de Tamaulipas, con 32, y Sonora, con 23.

Sin embargo, el informe presenta omisiones relevantes. Entre ellas, destaca la ausencia de filiales de Grupo Tomza, conglomerado al que pertenece Transportadora Silza, empresa propietaria de la pipa que explotó en Iztapalapa, Ciudad de México, el 10 de septiembre de 2025, tragedia que dejó 32 personas fallecidas y al menos 90 lesionadas.

A pesar de que la información fue solicitada vía transparencia después de ese accidente, el caso no fue incluido en la respuesta oficial de la ASEA, dependencia adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Esta omisión contrasta con investigaciones periodísticas posteriores que documentaron un historial de siniestros de Grupo Tomza y sus filiales en distintos puntos del país.

Dentro del listado oficial, sobresale el nombre del empresario Javier Cantú Barragán y su compañía Transportes Internacionales Tamaulipecos SA de CV (TITSA). De los 374 accidentes registrados en diez años, al menos 42 están relacionados con vehículos a su nombre o de su empresa, lo que representa más del 11 por ciento del total nacional.

La mayor parte de estos incidentes se concentró en Coahuila y Tamaulipas, con ocho casos en cada entidad, lo que coloca a la región noreste entre las más afectadas por este tipo de percances.

En la lista de empresas con más registros también aparecen Transportes JSV SA de CV, con 14 accidentes, y III Servicios SA de CV, filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), con 12 casos documentados.

El año con mayor número de siniestros fue 2019, con 56 accidentes, seguido de 2018, con 48, y 2016, con 42, lo que evidencia un pico de incidencia al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Cantú Barragán, originario de Reynosa, Tamaulipas, obtuvo múltiples concesiones durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando la ahora extinta Comisión Reguladora de Energía autorizó contratos para el transporte de combustibles de Pemex.

Diversos reportes periodísticos han señalado que el empresario es primo de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, compañía vinculada al caso de la llamada Casa Blanca adquirida por Angélica Rivera, entonces esposa del ex presidente.

Durante el actual sexenio, trascendió que la Secretaría de la Función Pública y el Centro Nacional de Inteligencia investigaban contratos adjudicados por Pemex a Cantú y a su empresa para el traslado de hidrocarburos.

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El reporte de la ASEA tiene como fecha de corte el 10 de octubre de 2025, pocos días después de que entraran en vigor nuevas disposiciones para el transporte y distribución de gas LP en México.

Las normas NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025 establecen requisitos técnicos más estrictos en materia de seguridad industrial, mantenimiento, operación y distribución, particularmente en las maniobras de descarga y entrega a clientes.

Las empresas transportistas contaban con un plazo de cuatro meses para acreditar el cumplimiento de estas nuevas obligaciones, medidas que buscan reducir el riesgo de explosiones, fugas y accidentes que, como muestran las cifras, se han convertido en un problema recurrente en las carreteras del país.

(Con información de Milenio)