Alerta Coparmex-Torreón: Bloqueo de cuentas por la UIF pone en jaque la confianza inversionista
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Sector productivo advierte incertidumbre, afectaciones patrimoniales y posible impacto en inversiones ante nuevas facultades financieras
La Coparmex Laguna expresó su preocupación por la reciente resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avala facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa.
El organismo señaló que esta decisión rompe con criterios anteriores y genera un entorno de incertidumbre jurídica que puede afectar la estabilidad económica, además de contravenir principios constitucionales y compromisos internacionales.
La resolución, derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, valida modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito, permitiendo el bloqueo de recursos cuando existan “indicios suficientes” de vínculos con actividades ilícitas o financiamiento al terrorismo.
Desde la óptica empresarial, este mecanismo debilita la presunción de inocencia al basarse en sospechas y no en resoluciones judiciales firmes, lo que podría traducirse en sanciones anticipadas que dejan a personas y empresas en situación vulnerable.
El gremio advirtió que este escenario podría impactar la confianza de inversionistas, especialmente en un contexto de competencia global y acuerdos comerciales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, al elevar la percepción de riesgo en el país.
Asimismo, destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas serían las más afectadas, debido a su dependencia de liquidez inmediata para operar. Un bloqueo, incluso temporal, podría impedir pagos esenciales y derivar en cierres y pérdida de empleos.
Ante este panorama, la organización planteó la necesidad de ajustes legislativos para establecer reglas claras y contrapesos efectivos. Entre sus propuestas destacan delimitar criterios objetivos para los bloqueos, establecer control judicial en plazos breves, garantizar notificación inmediata, crear mecanismos de reparación por daños y fortalecer la transparencia en el uso de estas facultades.
Finalmente, subrayó que el combate a delitos financieros debe mantenerse firme, pero siempre dentro de un marco legal sólido que brinde certeza y fomente el desarrollo económico.
