Analiza Coahuila reforzar controles en hoteles para prevenir trata de menores
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La iniciativa plantea que los establecimientos de hospedaje validen la filiación, parentesco o autorización de adultos que ingresen con niñas, niños y adolescentes y den aviso a las autoridades cuando no puedan acreditarla.
La diputada Claudia Aldrete presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Turismo del Estado que contempla establecer nuevas obligaciones a los prestadores de servicios turísticos que ofrecen hospedaje, particularmente cuando los huéspedes estén acompañados por personas menores de edad.
El objetivo de esta propuesta es reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes y prevenir posibles casos de trata de personas en Coahuila.
De aprobarse la reforma, los establecimientos deberán solicitar a los adultos que acrediten de manera fehaciente la filiación, parentesco o autorización de quienes legalmente tengan la guarda o custodia de las niñas, niños o adolescentes que los acompañen.
En caso de que esta validación no pueda realizarse, los prestadores de servicios deberán informar de manera inmediata a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado de Coahuila y, en su caso, a la Fiscalía General del Estado.
La iniciativa toma como referencia la incidencia de este delito a nivel nacional. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citados por la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre enero y mayo de 2026 se registraron 111 víctimas de trata de personas de entre 0 y 17 años en el país: 75 mujeres y 36 hombres.
La organización señaló que esta cifra equivale a cinco víctimas menores de edad por semana y representa un incremento de 54.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2015, cuando se contabilizaron 72 casos.
La propuesta también señala que otras entidades ya han incorporado medidas específicas para proteger a menores de edad en establecimientos de hospedaje. Entre ellas se encuentran la Ciudad de México, Quintana Roo e Hidalgo, cuyos marcos legales establecen mecanismos para acreditar el parentesco o la autorización de los responsables de niñas, niños y adolescentes, así como la obligación de notificar a las autoridades ante posibles irregularidades.
