Ante crimen de candidata en Celaya, Coahuila cuenta con protocolo de seguridad
A casi seis años del asesinato de Fernando Purón en el norte de la entidad, las autoridades aún tienen pendiente detener a uno de los involucrados
Con el asesinato de la candidata Gisela Gaytán, en Celaya, Guanajuato, el proceso electoral 2023-2024 ya suman más de 50 homicidios en el contexto de los comicios del próximo 2 de junio; ante ello, Coahuila -como todos los estados- cuenta con un protocolo de seguridad para proteger a los abanderados que así lo consideren necesario.
De acuerdo con el Laboratorio Electoral y su “Segundo reporte preliminar de violencia electoral del proceso 2023-2024”, las entidades más afectadas por esta situación son hasta ahora Guerrero, Veracruz y Michoacán, donde han sido asesinadas 12, 8 y 7 personas de las cuales 13 eran abanderadas en la contienda.
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A la mañana siguiente del homicidio de Gaytán, en la conferencia presidencial matutina, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que ya se han implementado al menos 100 medidas de protección a candidatos.
Desde el pasado sábado, el Instituto Electoral de Coahuila reiteró la vigencia del convenio INE/CG/876/2022, que tienen firmado entre las autoridades electorales y las de seguridad pública, que implementa un protocolo especial que acompaña a los candidatos y entes políticos durante todo el proceso, según sea solicitado.
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“El Instituto Electoral de Coahuila no es autoridad en materia de seguridad, pero puede solicitar a las autoridades en la materia que coadyuven para garantizar la tranquilidad y seguridad en este proceso electoral, por eso es importante que las candidaturas que estimen contar con este sistema de seguridad nos informen”, dijo el consejero Juan Carlos Cisneros durante la sesión del fin de semana.
CASO PURÓN: FALTA UNO POR SER DETENIDO
En 2018, Coahuila ya había vivido una situación similar con el asesinato del candidato a diputado federal por el distrito 01, Fernando Purón Johnson, quien fue ultimado al salir de uno de los debates.
Este caso tuvo avances en diciembre de 2020, cuando un Tribunal de juicio oral impuso un castigo penal de 21 años de prisión y una multa de 84 mil 600 pesos contra Erick Arámbula Viveros, quien tuvo la calidad de cómplice en auxilio previo al momento del asesinato del ex alcalde.
Sin embargo, hasta hoy, la Fiscalía todavía se encuentra en búsqueda del otro señalado quien sería hermano del ya sentenciado, Ignacio Arámbula Viveros, por quien ofrecen 10 millones de pesos por su paradero para imputarle la participación directa en el hecho.
