Aprueban reformas de ley contra ‘montadeudas’; castigarán con hasta 9 años de prisión

La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que prohíbe a quienes presten servicios u operaciones financieras solicitar acceso a la información privada, como contactos, fotografías y videos contenidos en medios digitales, como los celulares, tabletas y computadoras, como requisito para otorgar préstamos, iniciativa presentada por Jericó Abramo Masso, diputado federal por Coahuila.

Abramo Masso informó que las reformas van contra los defraudadores disfrazados de organismos financieros, mejor conocidos como “montadeudas”, agiotistas o chantajistas que en el 85% de los casos son extranjeros y se desconoce la procedencia del dinero que prestan y a dónde se va, además de poner en riesgo la integridad de las familias mexicanas.

“Hoy su fiesta de robarle al pueblo de México llegó a su fin. 600 mil familias el año pasado fueron defraudadas con su capital, con préstamos desde 500 hasta 20 mil pesos con tasas de interés anual del 250%.

“Lo más grave es que utilizando aplicaciones de celular, con lenguaje financiero falso, caía la gente por necesidad de pedir estos créditos, y al decir sí a las aplicaciones electrónicas, les bajaban fotos, datos, les bajaban su información personal, sus videos, sus audios y con esa información a sus conocidos les cobraban amedrentándolos con su propia información”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Tras tres años de pandemia, retoman vacunación en Coahuila contra sarampión y poliomielitis

A los extorsionadores digitales se les acabó el negocio, el chantaje para quitarle dinero a la gente, aseguró. El gancho era pedir mínimos requisitos y liberar el préstamo en cuestión de horas, y tan solo en la Ciudad de México, entre 2021 y 2022 esta extorsión aumentó 450%.

Utilizaban el sistema bancario mexicano para prestarles el dinero, la gente les pagaba con base en amenazas y luego ese dinero salía del país. El 85% de estos montadeudas que se han detectado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y otras fiscalías generales de Justicia de otros estados, son extranjeros.

“Prestan dinero que no sabemos de dónde viene, que no sabemos a dónde va, que no paga impuestos, pero sí pone en riesgo la integridad de las familias mexicanas. Ya no más chantaje, ya no más robo, ya no más lavado de dinero vía estas aplicaciones llamadas montadeudas”, comentó.

Se modifica el Artículo 111 Bis para que quien utilice lenguaje financiero y engañar a la gente, haciéndole creer que se trata de una persona, empresa, intermediario o entidad financiera que ofrece préstamos, sea castigado con 1 a 6 años de prisión, pena que aumentará en 50 por ciento, cuando la persona o empresa se presente como intermediario o entidad financiera sin contar con autorización.

También, se prohíbe solicitar acceso a información privada de contactos, fotografías, videos y contenidos en medios digitales como celulares, tabletas y computadoras al ofrecer operaciones o servicios financieros.