Busca diputada procedimientos de investigación más justos para cuerpos de seguridad en Coahuila

Con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica en los procedimientos de responsabilidad instruidos contra integrantes de instituciones de seguridad pública en Coahuila, la diputada Zulmma Guerrero presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado que busca transparentar, regular con mayor precisión y hacer más equitativos los procedimientos administrativos que afectan a policías, personal ministerial y pericial de los niveles estatal y municipal.

La iniciativa contempla la reforma de varios artículos de dicha ley (172, 174, 175, 176, 179 y 184), así como la adición de nuevas disposiciones (artículos 171-1 y 175-1) y la derogación de otras (173), con el propósito de subsanar deficiencias normativas y reconocer derechos que hoy no están previstos.

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Uno de los cambios centrales es la incorporación de la figura de la denuncia, permitiendo que cualquier persona pueda reportar hechos que pudieran constituir violaciones al régimen disciplinario y otorgando a los denunciantes el carácter de terceros interesados en el procedimiento, con facultades para impugnar decisiones y presentar alegatos.

La propuesta también plantea regular con claridad el acuerdo de inicio de procedimiento, estableciendo requisitos específicos sobre su contenido y exigiendo la individualización de las conductas atribuidas cuando se involucre a más de una persona.

Además, se propone que la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia pueda decretar medidas cautelares, como la suspensión del cargo, garantizando al funcionario el derecho a recibir el 30 por ciento de su ingreso real durante el tiempo que dure la medida, sin que sea menor al salario tabular más bajo de la corporación.

En la exposición de motivos, la legisladora recordó que esta reforma tiene como antecedente directo la modificación al artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en 2008.

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A partir de ese cambio, el estatus de los integrantes de instituciones de seguridad se reguló bajo un régimen administrativo, no laboral, eliminando la posibilidad de reinstalación en caso de separación, remoción o cese. En su lugar, se prevé únicamente el derecho a una indemnización, incluso si el tribunal declara injustificada la sanción impuesta.

“El cambio fundamental fue permitir la depuración expedita de elementos que no cumplan con los requisitos de permanencia o que incurran en responsabilidades. La reincorporación ya no es una posibilidad, porque se privilegia la confiabilidad, disciplina y profesionalismo en el servicio público de seguridad”, expuso Guerrero.

Desde esa reforma constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que esta prohibición es una restricción no sujeta a revisión. Se trata de una decisión soberana del Estado mexicano que responde a la necesidad de contar con instituciones de seguridad sólidas, especialmente en un contexto de combate al crimen organizado y la corrupción.

En Coahuila, el régimen disciplinario y de permanencia de las personas integrantes de las instituciones de seguridad pública se rige por la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, la cual, según la diputada, presenta vacíos como el no contemplar la participación de las personas denunciantes en los procedimientos, no garantizar el derecho al mínimo vital en caso de suspensión y carecer de reglas claras sobre el inicio del procedimiento, los medios de prueba válidos y las notificaciones.

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“Hoy la ley permite que una sola persona, la Secretaría Técnica de la Comisión, decida sobre la suspensión de un servidor público sin reglas específicas y sin asegurarle un ingreso mínimo. Además, el acuerdo de inicio del procedimiento no define un estándar probatorio claro ni exige señalar con precisión las causas que motivan el procedimiento. Todo esto debilita la garantía del debido proceso”, explicó.

La iniciativa busca atender estas omisiones, fortaleciendo tanto los derechos de las personas sujetas a procedimientos disciplinarios como los de quienes denuncian hechos que pueden motivarlos. Propone una regulación más clara de las notificaciones, la aplicación supletoria de la Ley de Procedimiento Administrativo y mecanismos que doten de mayor transparencia y equidad a los procesos.