Coahuila: analizará Congreso reforma para proteger bienes en divorcios para prevenir violencia económica

Con el objetivo de garantizar la igualdad sustantiva entre los cónyuges y prevenir nuevas formas de violencia económica, la diputada Beatriz Fraustro presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para adicionar el artículo 235 BIS al Código Civil de Coahuila, para establecer en la normativa que, al iniciar un proceso de divorcio, la autoridad judicial deberá decretar de manera obligatoria y de oficio medidas provisionales para proteger los bienes de ambos cónyuges, sin importar el régimen matrimonial.

La legisladora explicó que esta medida impone un deber sustantivo de protección patrimonial que dota de eficacia al principio de igualdad, garantiza la tutela de los bienes durante el proceso judicial y previene actos que puedan constituir violencia económica. Subrayó que esta violencia afecta la dignidad y la seguridad económica de quienes atraviesan un proceso de disolución matrimonial, en particular de las mujeres.

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“Lo que estamos haciendo es exhortando a los jueces y facultándolos para que hagan investigaciones que de hecho tengan que ver con un tema económico y patrimonial. Porque luego cambian las casas a nombre del vecino, a nombre del primo... Que en el juicio y en la resolución del tema del divorcio se tome en cuenta la calidad de vida y la perspectiva, sobre todo de género, para beneficiar a la familia, sobre todo a los hijos y a la mujer”, expresó.

La propuesta parte de un criterio de justicia distributiva al reconocer que la protección de los bienes debe hacerse extensiva a cualquier régimen matrimonial, ya sea sociedad conyugal o separación de bienes.

La reforma no se limita a un ajuste técnico, sino que responde a una problemática social que coloca a miles de mujeres en una situación de desventaja estructural cuando enfrentan un divorcio.

Se sustenta en el principio constitucional de protección a la familia y en compromisos internacionales asumidos por México, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que subrayan la equidad en la disolución de sociedades conyugales y la prevención de vulnerabilidades económicas derivadas de la ruptura familiar.

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Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia patrimonial se define como cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia económica de la mujer, incluyendo la transformación, sustracción, destrucción o retención de bienes, objetos o documentos.

Esta forma de violencia suele intensificarse durante los procesos de divorcio, cuando una de las partes dispone unilateralmente de los bienes, impide el acceso a recursos financieros o registra propiedades a nombre de terceros con el fin de evadir responsabilidades.

Estudios han demostrado que, tras el divorcio, los ingresos de las mujeres pueden disminuir entre un 23 por ciento y un 40 por ciento durante el primer año, y su nivel de vida se reduce en promedio un 45 por ciento.

En contraste, el de los hombres lo hace en un 21 por ciento. Estas cifras evidencian el impacto desproporcionado que la ruptura tiene sobre las mujeres, especialmente en contextos donde no hay mecanismos eficaces de protección patrimonial.

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Coahuila ocupa el quinto lugar nacional en tasa de divorcios, con 3.12 separaciones por cada mil habitantes mayores de 18 años. Al cierre de 2024, se registraron 7 mil 185 divorcios en la entidad. Además, el 32.3 por ciento de las mujeres ha reportado haber sufrido violencia económica o patrimonial.

La iniciativa será analizada por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.