Buscan acelerar obras en Coahuila con nuevo esquema de financiamiento público

Con 15 votos a favor, cinco en contra y una abstención, el Congreso del Estado aprobó este lunes una reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con el objetivo de permitir la contratación de obra pública bajo la modalidad de pagos a plazos preestablecidos.

La propuesta plantea incorporar la figura de obra pública financiada, que permitirá celebrar contratos bajo un modelo de pagos a plazos preestablecidos. Este mecanismo incluye la emisión de certificados de avance de obra, que funcionarán como obligaciones de pago por parte del gobierno, otorgando certeza jurídica a las empresas contratistas.

La reforma, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Periódico Oficial del Estado, incorpora al citado ordenamiento la figura de “Obra Pública Financiada”, que permitirá a entes públicos de Coahuila celebrar contratos bajo un modelo de pagos a plazos preestablecidos, con el objetivo de acelerar y garantizar obras de alto impacto que puedan trascender ejercicios fiscales y sin comprometer los presupuestos anuales.

“Permite al gobierno construir obras necesarias sin endeudarse directamente al inicio o comprometer todo su presupuesto anual de una sola vez, transfiriendo el riesgo financiero y la gestión de capital a la empresa privada”, señala la argumentación.

El esquema implica que desarrolladores privados que sean contratados para ejecutar una obra, asuman toda la inversión de la misma y, cuando esté terminada, el ente público la liquida. Actualmente la figura se usa mayoritariamente en los sectores eléctrico, de energía y grandes infraestructuras.

Este mecanismo incluye la emisión de certificados de avance de obra, que funcionarán como obligaciones de pago por parte del gobierno.

La reforma también abre la posibilidad de que las empresas ganadoras de licitaciones constituyan sociedades de propósito específico para ejecutar los proyectos, con el fin de facilitar su desarrollo y administración. Asimismo, se permitirá la cesión de derechos de cobro derivados de los contratos, con autorización de la autoridad correspondiente.

Por otro lado, en la reforma también se homologan criterios para impedir la participación de empresas inhabilitadas por cualquier autoridad competente, además de la actualización de referencias económicas al sustituir el salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización.

MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

El nuevo esquema busca trasladar una parte importante del riesgo de construcción a las empresas contratistas y permitir una mejor distribución del gasto público en distintos ejercicios fiscales, con la intención de garantizar la continuidad de obras de infraestructura en la entidad.

En la exposición de motivos, Jiménez Salinas argumentó que la propuesta nace de la falta de recursos económicos inmediatos, por lo que el gobierno utilizará este esquema para iniciar la obra y pagarla posteriormente, permitiendo el desarrollo de infraestructura crítica, como carreteras, hospitales y proyectos energéticos, sin tener que esperar la aprobación de recursos a futuro.

Los pagos preestablecidos, basados en estimaciones de obra y certificados de avance, funcionan como obligaciones incondicionales e irrevocables del gobierno, ofreciendo seguridad al contratista sobre la inversión que haga sobre el proyecto.