Coahuila: acabar con la vida de un osezno puede costar solo 5 mil pesos
En un veredicto que ha dejado a Coahuila con un sabor amargo, el caso del osezno asesinado en Castaños, en agosto de 2022, ha llegado a su fin con una sentencia que ha generado reacciones de repudio.
El juicio penal 1034/2022, que conmocionó a la opinión pública por la brutalidad con la que se ejecutó, concluyó con una resolución que pone en duda el compromiso del sistema judicial mexicano con la protección de los animales.
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Los responsables, seis personas identificadas como Manuel de Jesús, Dalila, Mario Alberto, Rogelio, Fidencio Guadalupe y Ángel Gabriel, fueron quienes torturaron y mataron al osezno, un pequeño animal de apenas cuatro meses de vida.
El hecho ocurrió en las inmediaciones de la colonia Santa Cecilia, cuando el osezno, al haberse separado de su madre, descendió del cerro en busca de comida. Lo que siguió fue un acto de crueldad que conmocionó a quienes se enteraron de lo sucedido: un grupo de hombres lo torturó y lo mató.
La sentencia del juez federal a cargo del caso ha desatado una ola de críticas por su aparente ligereza: una multa de 5 mil pesos por cada uno de los seis implicados y la obligación de realizar ocho horas de servicio comunitario.
La pena, que a todas luces parece no estar a la altura del daño infligido, ha sido considerada una burla para quienes exigen justicia en nombre de los derechos de los animales. Con este fallo, la vida del osezno, que fue cruelmente arrebatada, ha sido valorada en la cantidad que, para muchos, representa una cifra irrisoria frente al sufrimiento causado al animal.
Además de la sentencia, se impusieron otras condiciones que resultan cuestionables en su efectividad. Los responsables deberán residir en un lugar determinado, someterse a vigilancia, mantener un empleo lícito y abstenerse de consumir bebidas alcohólicas...
No obstante, el tribunal determinó el sobreseimiento del caso bajo el principio de “non bis in idem”, alegando que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
Durante el proceso, se destapó que cinco policías municipales fueron removidos de sus cargos por su complicidad en el caso, ya que presenciaron el acto y no hicieron nada para evitarlo. Esta omisión, que evidenció la falta de responsabilidad de las autoridades locales, suma más enojo entre quienes exigen un sistema de justicia que realmente garantice la protección de los animales y sancione la violencia sin importar la persona que la ejerza.
