Coahuila entre las cárceles con una evaluación baja, según la CNDH
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El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024 revela que las cárceles del estado presentan una evaluación baja, con calificaciones deficientes en condiciones y seguridad
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se reveló una alarmante situación en las cárceles de Coahuila, las cuales, al igual que otras entidades, registraron una tendencia a la baja en su evaluación, en comparación con los resultados obtenidos en 2022. El informe fue elaborado tras la visita de personal de la CNDH a 145 centros penitenciarios estatales, entre ellos los de Coahuila.
Las cárceles de Coahuila fueron calificadas con entre 4 y 5 puntos, ubicándose entre las más bajas del país, junto con Baja California, Puebla, Michoacán, Chiapas y otros estados. Esta evaluación resalta una serie de problemas persistentes, como el hacinamiento, la insuficiencia de personal de custodia, deficiencias en las condiciones materiales y de higiene, y la falta de una clasificación adecuada de los internos.
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La CNDH ha señalado que los centros penitenciarios de Coahuila siguen sin cumplir con los estándares básicos de un sistema de justicia que respete los derechos humanos. El informe también muestra que la situación de sobrepoblación y la falta de recursos para mejorar las instalaciones persisten como los problemas más urgentes.
A nivel nacional, los Ceresos con las calificaciones más bajas se encuentran en estados como Baja California, Puebla, Michoacán y Coahuila, lo que refleja una falta de progreso en las reformas penitenciarias. Solo algunos estados, como Querétaro, han logrado mejorar significativamente, alcanzando una calificación de 9.10 puntos.
La tendencia a la baja en las evaluaciones de los centros penitenciarios es un tema de preocupación, ya que sugiere que los desafíos que enfrentan los sistemas penitenciarios persisten y, en algunos casos, se agravan.
La CNDH ha instado a las autoridades a tomar acciones para mejorar las condiciones en los centros de reclusión y garantizar que se cumplan los estándares internacionales de derechos humanos, con el objetivo de promover una rehabilitación efectiva de las personas privadas de la libertad.
(Con información de La Jornada)
