Coahuila, entre las entidades que enfrentan sobrepoblación carcelaria pese a ampliación de penales
El estado figura entre las entidades con mayor excedente de personas privadas de la libertad, en un contexto marcado por el aumento de la prisión preventiva y el crecimiento de internos sin sentencia
Coahuila se encuentra entre las entidades que enfrentan una creciente sobrepoblación en sus centros penitenciarios, pese a los esfuerzos realizados en los últimos años para ampliar la infraestructura carcelaria. De acuerdo con datos recientes, el estado registra un excedente de 1,605 personas privadas de la libertad, lo que representa una ocupación por encima de su capacidad del 41 por ciento.
El fenómeno afecta también a Quintana Roo, Chiapas, Hidalgo y San Luis Potosí, quienes reportan niveles críticos de saturación en sus cárceles, con porcentajes que superan el 40 y hasta el 70 por ciento de sobrecupo.
TE PUEDE INTERESAR: Abrirán túneles históricos del Club de Leones en Frontera, Coahuila
Entre 2018 y 2025, un total de 22 entidades del país ampliaron la capacidad de sus centros penitenciarios, entre ellas Coahuila, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco; sin embargo, estos esfuerzos no lograron contener el crecimiento de la población interna.
Como resultado, al menos 12 de esos estados enfrentan actualmente condiciones de sobrepoblación en sus cárceles, destacando casos como Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hidalgo y Quintana Roo, lo que evidencia que la expansión de infraestructura ha sido insuficiente frente al aumento sostenido de personas privadas de la libertad.
Uno de los factores que más ha incidido en este incremento es el aumento de personas privadas de la libertad sin sentencia. Para 2025, más de 133 mil internos se encontraban en esta condición, lo que equivale a poco más del 52 por ciento de la población penitenciaria total. En comparación con 2018, la cifra prácticamente se duplicó, evidenciando un rezago significativo en los procesos judiciales.
Especialistas atribuyen este crecimiento a decisiones institucionales, como el fortalecimiento del uso de la prisión preventiva oficiosa. Asael Nuche, vocero de la organización Causa en Común, explicó que esta medida cautelar volvió a adquirir peso a partir del inicio de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, a pesar de los intentos previos por acotarla tras la reforma en derechos humanos de 2011.
(Con información de El Economista)
