Coahuila firma acuerdo para reforzar igualdad y frenar embarazos adolescentes
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Educación, justicia y salud son los pilares del nuevo plan estatal para mujeres
En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, autoridades estatales y municipales firmaron en Saltillo un acuerdo de colaboración con acciones enfocadas, entre otros puntos, en la prevención del embarazo adolescente y la atención a víctimas.
El gobernador Manolo Jiménez Salinas dijo que la firma refleja un trabajo coordinado y aseguró que “son cientos de millones de pesos lo que se están invirtiendo en todos estos programas”, además de pedir “socializar mucho” los apoyos para que más mujeres conozcan a qué servicios pueden acceder.
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Por otro lado, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Mayra Valdés, afirmó que la fecha —el 8 de marzo— también es para reconocer los retos pendientes, como “la brecha salarial”, “la violencia en sus distintas manifestaciones” y “la desigualdad en los espacios, en las tomas de decisiones”. Sostuvo que la estrategia integral de mujeres coahuilenses funciona como un eje transversal que coordina instituciones y busca “resultados claros”.
MANTIENEN APOYOS EN EDUCACIÓN
Desde Inspira Coahuila, y bajo el eje “Mujeres echadas para adelante”, Paola Rodríguez López expuso distintas cifras. “En estos últimos 2 años 3,314 mujeres ya terminaron su preparatoria y hoy la están cursando 1,012 más”, además de “4,300” que cursan licenciatura en los 38 municipios y “59 mujeres privadas de la libertad” han sido incorporadas al esquema. Añadió que, tras abrir convocatorias, recibieron “más de 17,000 registros” de mujeres interesadas en estudiar.
Rodríguez López también indicó que el programa incluye acompañamiento psicológico y reportó “orientación psicológica a 7,369 mujeres”. Señaló que en marzo arrancarán “otras 1,400 mujeres” en preparatoria y anunció apertura de convocatoria para licenciatura o ingeniería, sin importar en qué parte del estado vivan.
En el eje “Mujer es familia”, Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, enumeró atenciones y apoyos: “Más de 39,000 mujeres han sido beneficiadas” con servicios para inclusión social; “más de 8,900 mujeres mayores” atendidas en centros para personas mayores; y un programa de apoyos económicos para personas con discapacidad “fortaleciendo directamente a sus cuidadoras” con “una inversión de más de 20 millones de pesos”.
También reportó acciones en salud y protección: el programa “Vive Libre Sin Drogas” con “20,290 personas beneficiadas” y “78,000 acciones”, además de “8,800 orientaciones psicológicas, jurídicas y de trabajo social” en el centro de atención a mujeres; y señaló que el refugio estatal ha brindado “más de 50,000 servicios de atención a mujeres y a sus hijos”. Añadió que para 2026 se proyecta abrir en Parras “un nuevo centro de atención integral en salud mental infantil”.
DESTACAN REDUCCIÓN DE FEMINICIDIOS
En el eje de seguridad y justicia, Katy Salinas Pérez, fiscal de las mujeres y la niñez, subrayó que esta fiscalía es “la única fiscalía con esta modalidad”, al referirse al organismo que preside. Informó que cuentan con presupuesto asignado y que recientemente recibieron “28 vehículos”, además de una entrega de “20 millones de pesos” para material de servicios periciales.
Salinas Pérez detalló acciones operativas: un call center que da seguimiento telefónico a “más de 4,000 mujeres” con medidas de protección y, en menos de tres meses, han “ordenado el arresto de 140 agresores”. Agregó que, mediante cateos, desarmaron a 56 personas y que el año pasado fueron incorporadas al refugio “36 mujeres con más de 56 pequeños y pequeñas”. También sostuvo que el feminicidio tuvo “más del 55% de disminución” comparado con el año anterior.
En el mismo eje, Gabriela Franyuti García, subsecretaria de Proximidad Social y Prevención, dijo que en la Secretaría de Seguridad Pública trabajan “880 mujeres” y destacó el “agrupamiento violeta, conformado por 40 elementos capacitados en materia de género”. Señaló que se han realizado “más de 7,000 capacitaciones” en igualdad de género, derechos humanos y prevención, y anticipó medidas para 2026 como un “programa de contención psicológica diferenciado” para personal, además de procesos de homologación de protocolos con policías municipales.
En vinculación ciudadana, María Bárbara Cepeda Boehringer informó que el programa Puntos Violeta cerró 2025 con “625 espacios seguros” y que para 2026 la meta es seguir incorporando puntos en todas las regiones, con verificación y supervisión permanente. Añadió que está en desarrollo la aplicación móvil “Mujeres Seguras” para geolocalizar los puntos activos y facilitar el acceso a la red de atención.
Desde el Congreso local, Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno, abordó el eje “Mujer y su estado de derecho”. La diputada señaló que “se aprobaron 14 reformas en beneficio directo de las mujeres”, con temas como “la nueva ley de lactancia materna” y “la creación de cajones de estacionamiento exclusivos para mujeres embarazadas”, entre otras medidas.
En el quinto eje, “Mujer y justicia”, la magistrada María Eugenia Galindo Hernández, presidenta de la Sala Civil, afirmó que por primera vez cuentan con “un tribunal paritario”, con “11 magistradas” y “53 juezas”. También indicó que continuarán fortaleciendo juzgados especializados en violencia familiar y la coordinación con instancias de atención; además, dijo que el pleno analizó la violencia vicaria como tipo penal y que, de este tipo de violencia, “se protege exclusivamente los derechos de las mujeres”.
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En el acuerdo firmado, Mayra Valdés explicó que el compromiso incluye, entre otros puntos, “efectuar las acciones necesarias para promover la igualdad de género” y “eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y niñas”, además de “implementar la estrategia nacional para la prevención de embarazos en adolescentes” e “instalar en los 38 municipios los grupos para la prevención del embarazo en adolescentes”.
Al finalizar, Jiménez Salinas cerró con un llamado a reforzar la difusión de los programas y a “cerrar filas” para disminuir los indicadores de embarazo adolescente, y que los servicios puedan marcar diferencia en prevención y atención.