Coahuila: Investiga FGR huachicol fiscal... ¡del Ejército!
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Indagatoria revela que altos mandos militares son señalados por integrar una red que opera en aduanas de Piedras Negras, así como en Palomas y Ciudad Juárez, Chihuahua
La Fiscalía General de la República (FGR) indaga una red de contrabando de combustible —conocido como huachicol fiscal— que opera desde 2021 en las aduanas de Piedras Negras, Coahuila, así como en Palomas y Ciudad Juárez, Chihuahua; en esta trama aparecen implicados altos mandos del Ejército Mexicano.
Documentos e investigaciones obtenidas por Aristegui Noticias revelan una estructura que ha logrado mover millones de litros de gasolina y diésel mediante un entramado de empresas, transportistas, funcionarios y patios clandestinos.
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Uno de los nombres que ya figura en la investigación es el del coronel en retiro Octavio Othón López Pérez, separado el 1 de noviembre de la Administración de la Aduana de Ciudad Juárez. Su salida ocurrió después del aseguramiento de al menos nueve pipas de la empresa Windstar, cargadas con combustible ilegal e interceptadas por la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en un doble filtro instalado a la salida de la aduana.
La indagatoria de la FGR alcanza a varias aduanas fronterizas administradas por mandos castrenses, en un esquema que se habría consolidado durante los años en que el Ejército tomó el control de los puntos de revisión.
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UNA RED DOCUMENTADA: GPS, PIPAS, FACTURAS Y PATIOS CLANDESTINOS
La investigación periodística tuvo acceso a un seguimiento con GPS que exhibe la ruta de una pipa que salió de El Paso, Texas, ingresó a Ciudad Juárez y descargó combustible en una gasolinera con marca Phillips 66. Su recorrido continuó por Camargo, Torreón, Fresnillo y Aguascalientes, donde también realizó entregas antes de regresar a Estados Unidos.
Otro rastreo mostró una pipa dirigiéndose desde Ciudad Juárez hacia un patio clandestino en Piedras Negras, Coahuila, una ruta inusual que, según las fuentes consultadas, buscaba evitar inspecciones oficiales.
Estos patios operan como centros de almacenamiento y trasvase, sin permisos energéticos ni ambientales, con instalaciones improvisadas y violando la NOM-006-ASEA-2017. En la región de Nava–Piedras Negras se identificó uno de los puntos más activos, operado por empresas como Atom, Mefra Fletes, Windstar y Carvel.
EL HUACHICOL FISCAL VERDE OLIVO
El esquema, que involucra a militares en activo y en retiro, operaba mediante dos comercializadoras principales: Petro Soluciones, representada por Mario Alberto Valdez Luna, y Ingemar, vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Ambas ofrecían gasolina y diésel de contrabando a gasolineras y líneas transportistas del norte del país, a precios entre 6 y 7 pesos por debajo del mercado.
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Las empresas compraban combustible legalmente en Estados Unidos, pero al cruzar la frontera falsificaban o alteraban documentos para declarar que la carga era aceite quemado, aditivos o alcohol, evadiendo así el pago del IEPS.
La diferencia era suficiente para inundar el mercado con miles de litros a precios reducidos. Petro Soluciones, por ejemplo, ofreció en marzo de 2025 diésel a 21.80 pesos el litro, cuando el precio más bajo de Pemex a mayoristas era de 22.40.
En el caso de Ingemar, la FGR la relaciona con el decomiso de 129 carrotanques y más de 15 millones de litros de combustible asegurados el 7 de julio en Ramos Arizpe y Saltillo.
EL CORONEL BAJO SOSPECHA
La figura del coronel López Pérez ha sido señalada desde su paso por la aduana de Palomas, Chihuahua, donde ya se le vinculaba con operaciones de huachicol y tráfico de armas. En mayo de 2025 fue nombrado administrador de la aduana de Ciudad Juárez por el entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el general André Georges Foullon Van Lissum.
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Sin embargo, su gestión fue cuestionada desde julio, cuando la ANAM acotó su autoridad y otorgó al subdirector de Operación Aduanera, Rafael Buenrostro Martín, el control de roles y turnos en la aduana. Documentos oficiales confirman dicha medida.
Tras su destitución, el coronel habría elevado una queja ante el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, argumentando que su salida se debía a una denuncia de contrabando que él mismo presentó contra autoridades civiles. No obstante, fuentes ministeriales señalan que la investigación lo vincula con el empresario René Díaz Ramos, alias La Rana, señalado como contrabandista en el semanario Zeta de Tijuana.
La pesquisa periodística y ministerial revela que no solo marinos están involucrados en la red de huachicol fiscal, sino también elementos del Ejército. Esto contrasta con la promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que la participación militar en aduanas frenaría la corrupción. Con información de Aristegui Noticias
