Coahuila: Narcomenudeo y consumo de drogas podrán pagarse con trabajo comunitario o terapia psicológica
A partir del 15 de enero, quienes sean detenidos por narcomenudeo o consumo de drogas, en Coahuila, podrán evadir la cárcel si aceptan someterse a tratamiento terapéutico y psiquiátrico, de ser necesario, y conmutan la pena por trabajo a favor de la comunidad y la reparación del daño.
El magistrado Miguel Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia, informó que ha venido platicando con Federico Fernández, quien ocuparía la Secretaría de Seguridad Pública, para implementar el programa en todo el Estado a mediados del próximo mes.
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“Con el inicio de la administración de Manolo Jiménez, habremos de coordinarnos con la Secretaría de Salud, a efecto de que nos acompañe en la implementación de este Tribunal Especializado en el Tratamiento de las Adicciones”, dijo.
“Vamos a tratar a una persona, una mujer o un hombre de manera diferente, no solamente con una acción punitiva, meterlo a la cárcel por lo que ha hecho, sino ayudarle en el tratamiento de su adicción o problema psiquiátrico, en una atención integral para devolver a la sociedad a una persona que ha tenido complicaciones por el consumo de sustancias para que no cometa un delito bajo el influjo de las mismas”, explico.
La intención es que las personas infractoras acepten someterse a tratamiento psicológico o psiquiátrico en lugar de enfrentar una acción punitiva. Es decir, que reciban terapias y lo acompañen con la justicia cívica a fin de que realicen trabajo comunitario y reparación del daño.
Por ejemplo, si bajo el influjo de alguna sustancia robaron o vandalizaron alguna escuela, entonces que realicen trabajo a favor del plantel y reparen el daño cometido, para que la reinserción social sea con personas de bien. “Privilegiaremos este tipo de acciones en lugar de la cárcel”, manifestó.
Por otra parte, indicó que al Tribunal Superior de Justicia le faltan alrededor de 30 jueces y juezas, principalmente de lo Familiar, sobre todo en Saltillo y Torreón, en la rama Penal y en la Civil. En lo Laboral, los 13 juzgadores son suficientes, pero falta completar la plantilla de servidores públicos para su operación, porque la Federación no entrega recurso para pagar la nómina.
“Nos entregaron una responsabilidad, no hay una complejidad jurídica porque esta la podemos atender, hay una complejidad de tipo administrativo porque no tenemos recursos para completar las plazas al 100 por ciento”, refirió.
