Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
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Según el diputado Felipe González, la alteración de placas es una práctica común que favorece a la delincuencia y limita la capacidad de las autoridades para investigar y esclarecer delitos
Luego de haber exhortado en febrero a los 38 municipios de Coahuila a implementar campañas de concientización para evitar la modificación de placas vehiculares, el diputado Felipe González presentó una iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo 405 del Código Penal del Estado, a fin de incluir la alteración o modificación de las placas dentro del delito de elaboración sin permiso, falsificación o adulteración de documentos de identificación de vehículos automotores.
La reforma plantea sanciones de cuatro a ocho años de prisión y multas de trescientos a dos mil días para quien altere, modifique, borre o realice cualquier acción que impida la correcta identificación de las placas.
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El legislador destacó que en Coahuila existen 1.17 millones de vehículos registrados, lo que representa un reto para la seguridad, el control fiscal y la regulación vial. En ese contexto, subrayó la importancia de contar con un padrón vehicular eficiente que facilite la identificación de unidades involucradas en actos ilícitos, la planeación de infraestructura y la regulación de impuestos.
“Si seguimos permitiendo que se alteren, modifiquen o borren las placas, estamos beneficiando a la delincuencia, ya que con ello es fácil evadir la acción de la justicia y afectamos directamente las capacidades de las autoridades para investigar y esclarecer crímenes”, señaló el diputado.
González explicó que actualmente el Código Penal sanciona la falsificación o adulteración de documentos de identificación vehicular, pero no contempla de forma específica la manipulación de las placas, lo que genera una laguna legal que esta iniciativa busca subsanar.
“Un vehículo con placas alteradas o ilegibles no puede ser identificado correctamente en caso de una infracción, lo que impide la aplicación de sanciones y reduce la efectividad de los sistemas de videovigilancia”, agregó.
La propuesta será analizada por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso local.
