Coahuila tiene nueva Ley en Materia de Desaparición de Personas
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Tras dos años de intenso análisis y colaboración, el Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad este martes la creación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas, representando un hito significativo en la lucha por los derechos humanos y la búsqueda de justicia para miles de familias que enfrentan el dolor de la desaparición de sus seres queridos.
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La ley, impulsada por el exgobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, fue el resultado de un esfuerzo conjunto que involucró a diversas instancias, incluyendo la Secretaría de Gobierno y la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Sin embargo, su esencia radica en la valiosa experiencia y testimonios de los colectivos de búsqueda y las familias de personas desaparecidas, quienes han sido fundamentales en la formulación de esta iniciativa.
La Ley en Materia de Desaparición de Personas tiene como objetivo principal establecer una coordinación efectiva entre la federación, el estado y los municipios para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas. Esta normativa reconoce y garantiza derechos fundamentales, como el derecho a una búsqueda inmediata y efectiva, así como la participación activa de las familias en los procesos de búsqueda.
Entre sus disposiciones, la ley destaca la creación de un Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de Coahuila, el cual integrará a todas las autoridades y organismos encargados de las acciones de búsqueda. También establece la obligación de proteger los derechos de las personas desaparecidas y de quienes han sufrido un perjuicio por estas desapariciones, hasta que se conozca su suerte o paradero.
Esta ley es un reflejo de la colaboración con las familias de personas desaparecidas, pues a lo largo del proceso de análisis y adecuación se realizaron modificaciones importantes a la propuesta original, atendiendo las necesidades y demandas expresadas por los colectivos y grupos de familiares, como los plazos para la declaración de ausencia. Aunque la nueva ley no establece estos plazos, se acordó mantener los procedimientos existentes para evitar conflictos con la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia, facilitando el acceso a las familias, que a menudo enfrentan largas esperas para iniciar este trámite.
La ley garantiza mecanismos para que los familiares participen activamente en el diseño, implementación y evaluación de las acciones de búsqueda. Este enfoque centrado en las familias es fundamental para asegurar que las acciones respondan a sus necesidades y experiencias.
También establece medidas para evitar la revictimización de las personas desaparecidas y sus familias, garantizando que no sean criminalizadas o tratadas con prejuicios durante el proceso de búsqueda. Incluye, además, un enfoque de género y la consideración de grupos vulnerables.
La ley enfatiza la responsabilidad del Estado en la búsqueda activa de personas desaparecidas. Las autoridades están obligadas a impulsar la búsqueda de manera proactiva, independientemente de la voluntad de los familiares, aunque también se respeta su derecho a decidir sobre su participación.
La diputada Guadalupe Oyervides destacó la colaboración de representantes de varios colectivos de búsqueda como Ariadna García, del colectivo Familias Unidas; Yolanda Morán y Grace Fernández Morán, del colectivo Búscame; así como Enrique Martínez Requenes, representante del colectivo Juan Fray de Larios.
La Ley en Materia de Desaparición de Personas representa una esperanza renovada para las familias en Coahuila, quienes, a través de esta herramienta legal, esperan poder avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia que tanto necesitan.
