Congreso de Coahuila analizará desaparición de la Cocam; creará nuevo órgano estatal de arbitraje médico
El Congreso de Coahuila analizará una iniciativa de reforma al artículo 173 Bis de la Constitución local, que plantea la extinción de la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico (Cocam) como organismo público autónomo, para transformarla en un órgano administrativo dependiente del Poder Ejecutivo estatal.
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La propuesta, presentada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, tiene como propósito central optimizar el uso de recursos y mejorar la eficiencia en los servicios de conciliación y arbitraje médico. Según la exposición de motivos, se busca garantizar que los procedimientos sean gratuitos, sencillos y ágiles, al tiempo que se respeten principios como legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia en la emisión de resoluciones.
Según se señala, esta reforma se alinea con una tendencia nacional en la que 15 entidades federativas han establecido sus comisiones de arbitraje médico como organismos descentralizados, y otras 13 como órganos desconcentrados del Ejecutivo. Sólo Coahuila y Oaxaca mantienen actualmente este tipo de comisiones como organismos públicos autónomos.
Si la iniciativa avanza, el nuevo órgano mantendrá el objetivo fundamental de la Cocam: elevar la calidad de los servicios médicos y fungir como instancia conciliatoria ante conflictos entre usuarios y prestadores de salud. Sin embargo, lo hará bajo una nueva estructura que, aunque administrativa, contará con autonomía técnica y de gestión en los términos que establezca la ley.
Este nuevo ente contará con independencia en la emisión de resoluciones, laudos, dictámenes y recomendaciones; tendrá competencia para conocer quejas derivadas de malas prácticas médicas u omisiones en la atención. Además, podrá promover acciones preventivas orientadas a mejorar la calidad del servicio médico.
Una vez aprobada, el Congreso local tendrá un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las adecuaciones legislativas necesarias, incluidas las relativas a su extinción y liquidación. Hasta que el nuevo órgano inicie funciones, la actual comisión seguirá operando de manera regular. La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso para su análisis, dictamen y eventual votación en el pleno.
