Congreso de Coahuila refuerza marco legal contra la extorsión

El Congreso de Coahuila aprobó por una iniciativa enviada por el gobernador de Coahuila que reforma el Código Penal del estado y la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo de homologar el delito de extorsión conforme a la legislación federal y fortalecer su prevención, investigación y sanción.

La propuesta, responde a las reformas federales constitucionales publicadas el pasado 9 de octubre mediante las cuales se facultó al Congreso de la Unión para emitir leyes generales en materia de extorsión. Asimismo, el 28 de noviembre del se publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, lo que obligó a las entidades federativas a ajustar su marco normativo.

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La diputada Guadalupe Oyervides explicó que la iniciativa no solo elimina disposiciones del Código Penal para evitar duplicidades, sino que también incorpora cambios que permiten reconocer plenamente la extorsión como delito grave y establecer con claridad las modalidades, procedimientos y autoridades responsables de su persecución.

“¿En qué se traduce para las y los ciudadanos? En lo que nos sucede diariamente, la extorsión vía telefónica, vía WhatsApp, aquellos fraudes que se hacen inclusive ahora que son tan modernos en por paquetería”, señaló.

FORTALECEN EL COMBATE A ESTE DELITO

Entre las reformas aprobadas se reconoce la extorsión simple y agravada como delito grave, se incorpora este ilícito en disposiciones relativas al daño moral y a la reparación del daño, y se derogan artículos del Código Penal para garantizar un criterio uniforme con el marco nacional. Asimismo, la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública establece la obligación de implementar una estrategia estatal de prevención y combate a la extorsión, alineada con la estrategia nacional.

Oyervides destacó que uno de los principales avances es que ahora existe una base legal y operativa para investigar este delito, lo que antes limitaba la apertura de carpetas de investigación.

Añadió que la iniciativa contempla penas que van de tres a siete años de prisión, con agravantes según la forma en que se cometa el delito, y subrayó que Coahuila se coloca a la vanguardia al homologar la ley y, al mismo tiempo, fortalecer su capacidad operativa para enfrentar este problema que afecta a la población de manera cotidiana.