Cuestiona propuesta de pena de muerte para violadores la Secretaria del Ayuntamiento de Torreón
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Esta petición fue realizada por el diputado Alberto Hurtado, misma que califican como inconstitucional y contraria a los derechos humanos
TORREÓN, COAH.- La secretaria del Ayuntamiento de Torreón, Natalia Fernández Martínez, calificó como peligrosa la propuesta del diputado local Alberto Hurtado Vera de aplicar la pena de muerte a violadores y pederastas.
“Al final del día, es respetable la forma en que cada quien utiliza la tribuna; sin embargo, lo que propone el legislador de Morena es una acción inconstitucional y contraria a los derechos humanos. Ahora que todo el mundo quiere opinar y colgarse de una causa por la que las mujeres han estado luchando durante muchos años, proponer la pena de muerte para violadores y pederastas es una postura que intenta mostrar empatía con las causas feministas”, comentó.
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La pena de muerte está abolida en la Constitución Mexicana, además de que México está suscrito a tratados internacionales que la prohíben, tanto en los diferentes códigos penales de la República como en el Código de Justicia Militar.
La última ejecución de un civil en México se llevó a cabo en 1937 y la última ejecución militar en 1961. Después de cuarenta años, fue retirada del Código de Justicia Militar y de la Constitución Mexicana en 2005, durante el gobierno de Vicente Fox Quesada.
La declaración del diputado de Morena, al final de cuentas, es una burla para todas las personas que han luchado por los derechos humanos. Incluso en otros países donde aún existe la pena de muerte, hay una lucha por abolirla.
Lo que se debe hacer es generar un diálogo, pero con las propuestas propias de las mujeres, con las agendas que ellas tienen, no buscar planteamientos improvisados ni propuestas arcaicas.
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Este tipo de declaraciones, dijo, ponen en riesgo a la ciudadanía, porque hay quienes piensan que esto podría suceder, pero más bien es una desinformación.
Está claro que las víctimas de violación buscan justicia; sin embargo, la justicia se basa en un estado de derecho, donde las personas que presenten una denuncia sean atendidas y cuenten con los materiales adecuados, y donde el personal del Ministerio Público esté capacitado.
