Denuncian venta de terreno valuado en 33 millones; ejidataria afirma que sólo recibió 10 mil pesos

ACUÑA, COAH.- El presunto despojo de un terreno de seis hectáreas con valor de 33 millones de pesos, por cuya operación una ejidataria asegura haber recibido únicamente 10 mil pesos, derivó en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República, en la que se señala la presunta participación de particulares, funcionarios municipales y dos notarios públicos de Ciudad Acuña.

Fue el pasado 12 de junio de este año, cuando la agraviada Gregoria López Frías se presentó ante la delegación de FGR en Acuña, para solicitar que las autoridades iniciaran una investigación por los delitos de extorsión y defraudación fiscal, derivados de un presunto despojo y una escrituración irregular de tierras ejidales.

De acuerdo con la denuncia, Gregoria López el terreno del que fue despojada ubicada en el Ejido La Pileta, era parte de una adquisición que había realizado con su esposo en vida, y que está documentada en el título número 1790, expedido a su nombre en octubre de 1998.

Aunque la agraviada relató que al morir su esposo en noviembre del 2016 la propiedad quedó intestada, en octubre del 2025, ella junto con sus hijos, iniciaron la sucesión intestamentaria extrajudicial para titular el terreno, donde además tenía su vivienda.

Según la relatoría, el conflicto inició en noviembre de 2024, cuando una mujer de nombre Ana Garza acudió a su domicilio acompañada de otras personas, quienes le manifestaron que un familiar fallecido había adquirido siete hectáreas del predio mediante una compraventa con su esposo, por lo que exigían formalizar dicha superficie.

“Con gritos y amenazas querían que yo les firmara las escrituras de un terreno de 7 hectáreas y me amenazaron que si yo no les firmaba, me iban a demandar y me iban a meter a la cárcel”, dijo la agraviada en la denuncia ante la FGR.

En la denuncia, la mujer relata que a través de visitas y llamadas telefónicas, a lo largo de seis meses, un hombre de nombre Arturo González, le envió diversos “ultimátums”, para firmar las escrituras a nombre de Ana.

Tras ceder a la firma, uno de los principales señalamientos contenidos en la querella involucra al notario público número 6 de Acuña, Héctor Guadalupe Carmona Martínez, y al notario público número 16, Héctor Luis Carmona Saracho, pues sostiene que ambos fedatarios elaboraron documentación engañosa, y sin considerar a los copropietarios ni al albacea de la sucesión.

Además de que Gregoria fue retirada de su hogar con uso de fuerza, en la denuncia sus abogados expusieron que había sido víctima de un fraude, pues para el arreglo le prometieron otorgar una cantidad de 100 mil pesos, y únicamente recibió 10 mil por el terreno que más tarde, se reconoció que estaba evaluado por 33 millones de pesos, situación que recae en defraudación fiscal.

“Con el uso de fuerza física, moral y psicológica me trasladaron a las notarías 6 y 16 de los Carmona, y ya tenían muchos papeles que me obligaron bajo amenaza a firmar. Pero nunca quisieron darme una copia de todo. Yo nunca supe lo que firmé porque me tenían rodeada más de 10 personas”, dice.

“Y por cierto, de los 100 mil pesos que me habían ofrecido, nada más me dieron 10 mil de muy mala gana y después de firmar todo lo quisieron, me echaron para afuera”, relata Gregoria.

La denuncia también cuestiona la inscripción de la escritura pública número 238 en el Registro Público de la Propiedad, realizada en febrero de 2026, y sostiene que existió una red de irregularidades para facilitar el trámite.

La denuncia, fue interpuesta contra Ana Garza, Santiago Rodríguez, Arturo González y María Pérez, además de los directores y exdirectores de Catastro, la tesorería municipal Registro Público de la Propiedad en Acuña y demás funcionarios que resulten involucrados.

“Todas las dependencias fueron sobornadas por los notarios, y los funcionarios también cayeron en irregularidades”, dice la agraviada quien ha sido asesorada por la Federación Estatal de la Pequeña Propiedad del Estado de Coahuila.

Ante el caso, la mujer solicitó que el Ministerio Público de la Federación inicie realmente una investigación y por lo menos cite a los involucrados para hacer justicia.