Diputado de Coahuila busca garantizar el acceso al agua a personas en situación de vulnerabilidad

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Coahuila
/ 1 abril 2025
El diputado Alberto Hurtado, señaló que la suspensión del suministro de agua es una medida se aplica de forma generalizada y sin distinción entre quienes pueden pagar y quienes simplemente no tienen los medios para hacerlo

Con el objetivo de proteger la dignidad humana y garantizar el acceso al recurso vital, el diputado por Morena, José Alberto Hurtado Vera, presentó una propuesta de reforma a la Ley de Aguas para los Municipios de Coahuila para establecer la prohibición de cortes del servicio de agua potable a usuarios domésticos que acrediten estar en situación de vulnerabilidad social, económica o de salud, sin perjuicio de que los usuarios deban cubrir los adeudos correspondientes.

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La reforma propone la adición de un párrafo al artículo 86 de la ley, estipulando que el suministro de agua potable no podrá ser suspendido a los usuarios domésticos que puedan demostrar que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea por motivos sociales, económicos o de salud.

Según la propuesta, se considerará que un usuario está en situación de vulnerabilidad cuando él o algún miembro del hogar esté inscrito en programas públicos de combate a la pobreza; si el domicilio se encuentra en zonas clasificadas como de alta o muy alta marginación, según los indicadores oficiales; si el usuario o algún integrante del hogar padece una enfermedad crónica, discapacidad o condición médica que requiera acceso constante al agua para su tratamiento, higiene o supervivencia; si se trata de personas adultas mayores en situación de abandono, dependencia o sin ingresos suficientes; o si se acredita cualquier otra circunstancia análoga, conforme a los criterios que establezca el organismo operador o la autoridad municipal.

En estos casos, el organismo operador debe garantizar el suministro mínimo vital de agua, sin perjuicio de que el usuario mantenga la obligación de cubrir los adeudos conforme a los procedimientos legales establecidos.

Hurtado Vera destacó que, aunque en Coahuila se reconoce jurídicamente el derecho al agua, persisten condiciones estructurales que limitan su acceso efectivo, como la suspensión del suministro por falta de pago, que se aplica de manera generalizada sin distinguir entre quienes tienen capacidad de pago y quienes no tienen los recursos para hacerlo.

“Cortar el agua a una familia en situación de pobreza, abandono o enfermedad es una medida desproporcionada que no solo afecta su salud y bienestar, sino su dignidad humana”, señaló el legislador.

La reforma surge debido a que, según la actual Ley de Aguas para los Municipios, un usuario que acumule dos meses de mora puede ser sujeto a una restricción en el servicio y, después de tres meses de impago, se le puede suspender el suministro total de agua. La ley contempla algunas excepciones, como para inmuebles de interés público (hospitales, escuelas, centros de reinserción social), pero no incluye ninguna disposición para proteger a personas físicas en situaciones de vulnerabilidad.

Esto significa que una familia en extrema pobreza, una madre con hijos pequeños o una persona con discapacidad podrían quedarse sin acceso al agua debido a la falta de pago, sin ninguna protección legal.

En el contexto local, especialmente en Saltillo y otros municipios de Coahuila, esta problemática adquiere una relevancia urgente. De acuerdo con informes públicos, más de mil familias no tienen acceso pleno al agua, ya sea por vivir en asentamientos no regularizados o por no poder cubrir los costos del servicio. Además, se han registrado cortes masivos de agua en años anteriores que afectaron a miles de personas en situaciones de contingencia o crisis económica. La pandemia de COVID-19 evidenció aún más la necesidad de garantizar el agua como un bien indispensable para la salud pública.

Hurtado Vera subrayó que la reforma no pretende eliminar la obligación de pago ni afectar la viabilidad financiera de los organismos operadores del agua, ni tampoco busca crear un sistema de impunidad o abuso en el acceso al servicio, sino introducir una figura de protección mínima para aquellos que, debido a sus condiciones de vida, no pueden afrontar los pagos regulares y están en riesgo de perder el acceso a este recurso esencial.

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Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

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