Espera sentencia 58.6% de reclusos; superan reos bajo proceso a enjuiciados en Coahuila

En Coahuila se tienen más reos que están siendo procesados penalmente que los que ya cuentan con una sentencia, esto de acuerdo con el informe Hallazgos 2020, publicado por México Evalúa.

De acuerdo con este reporte, del total de la población penitenciaria que existe en los cinco Ceresos del Estado, el 58.6 por ciento de la población se encuentra esperando una sentencia.

Esto coloca a Coahuila como la entidad número cuatro con mayor población que apenas está siendo procesada, después de entidades como Tlaxcala con 71.6 por ciento, Jalisco 63.1 por ciento y Chiapas 61.4 por ciento.

La información del órgano desconcentrado de ejecución de penas y reinserción señala que en Coahuila hay aproximadamente dos mil 600 personas privadas de la libertad en los centros estatales.

En este informe, Coahuila también ocupa uno de los primeros lugares de las entidades que tienen el mayor número de personas en prisión preventiva no oficiosa.

Las organizaciones civiles que trabajan en la materia de justicia se han pronunciado abiertamente contra la medida de prisión preventiva oficiosa, pues contraviene el principio del propio sistema de justicia penal que es la presunción de inocencia. Es decir, que una persona aunque aun no sea culpable, tiene que permanecer un tiempo en un centro de reinserción a esperas de su resolución.

Esto indica que estas personas están cumpliendo una medida cautelar en un Cereso, aun sin haber cometido un delito de los que son establecidos como graves como el homicidio, feminicidio y desaparición forzada, que ameritan prisión preventiva de forma oficiosa.

Sobre ello, Coahuila ocupa la entidad número seis a nivel nacional de personas privadas de la libertad como medida cautelar aun sin ser prisión preventiva oficiosa, al tener en este esquema al 26 por ciento de las personas imputadas en una causa penal.

Dicho porcentaje sobrepasa casi en 10 por ciento a la media nacional que estableció el informe Hallazgos, con un 17.1 por ciento.

“Esto es, sin que haya mediado debate o análisis de la necesidad de imposición de esta medida de privación de su libertad”, expresa la organización.