Estamos viviendo ejecuciones al estilo Colombia, dice Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila

En un país donde la violencia y el crimen se han convertido en parte del paisaje cotidiano, el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez ha alzado la voz para denunciar la grave crisis de seguridad que se vive en México. En su programa sabatino “Con peras, manzanas y naranjas”, Moreira, acompañado del diputado federal Marco Antonio Mendoza Bustamante y el abogado Miguel Ángel Sulub, señaló que la normalización de la violencia, producto de la impunidad y la falta de acción de las autoridades, es la razón detrás de la alarmante escalada delictiva en el País.

Moreira lamentó que los homicidios dominen las noticias, haciendo referencia al reciente asesinato de Julio César Almanza, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco), en Tamaulipas. El diputado señaló que Almanza fue ejecutado después de denunciar que el comercio organizado en Nuevo Laredo estaba siendo extorsionado por bandas delictivas, ante la inacción de las autoridades. “Tan grave es la situación que el funeral del empresario tuvo que llevarse a cabo en Brownsville, debido a las condiciones de inseguridad en esta entidad”, añadió.

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El coordinador legislativo también comparó este trágico suceso con el asesinato de Minerva Pérez Castro, presidenta de la Canainpesca en Ensenada, quien fue ejecutada tras denunciar la pesca ilegal y el cobro de piso en su localidad. “Estamos viviendo ejecuciones al estilo Colombia; individuos en motocicletas se acercan y atacan”, advirtió Moreira.

Por su parte, el legislador Marco Mendoza señaló que la violencia se ha normalizado en todo el País y que no existe una política de Estado que asuma con responsabilidad lo que está ocurriendo. Mendoza subrayó que esta situación es consecuencia directa del desmantelamiento de las instituciones por parte del Gobierno Federal de Morena, que ha recortado significativamente los presupuestos destinados a la seguridad en los municipios y estados.

El diputado Mendoza recordó que en años anteriores, los municipios y estados presentaban proyectos para la prevención del delito, el equipamiento, las patrullas, el armamento y la capacitación de policías. “Hoy, prácticamente esos fondos han desaparecido, y la consecuencia es que el crimen organizado, con financiamiento y sin seguir reglas, está ganando terreno”, enfatizó.

En su intervención, el abogado Miguel Ángel Sulub mencionó que las voces públicas no están exigiendo a las autoridades que tomen acción frente a esta crisis de seguridad, dejando al ciudadano común la tarea de alzar la voz. Relató un incidente reciente en el Congreso de Campeche, donde un ciudadano se presentó en una sesión legislativa para expresar su inconformidad ante la falta de atención al tema de seguridad, demandando que se aborde como una prioridad.

Esta crisis de seguridad, que ha cobrado la vida de líderes empresariales y sociales, revela la urgente necesidad de que las autoridades tomen medidas contundentes. La impunidad y la violencia no pueden ser la norma en un País que aspira a la paz y la justicia.