Evalúa a personal la Fiscalía General de Coahuila; no descarta enroques y despidos
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Evalúa desempeño de mandos operativos, agentes de investigación y Ministerios Públicos, con el objetivo de fortalecer la procuración de justicia y mantener los niveles de seguridad en la entidad
El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que la Fiscalía realizará ajustes internos que podrían incluir enroques y recortes de personal, una vez concluida la evaluación sobre el desempeño y los resultados obtenidos por quienes integran la institución.
El análisis, explicó, abarcó a mandos operativos, agentes de investigación y Ministerios Públicos, como parte de una estrategia orientada a reforzar la procuración de justicia y preservar los niveles de seguridad que actualmente registra el Estado.
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Como parte de este proceso, este viernes se llevará a cabo una reunión con los 38 mandos únicos, así como con comandantes de las agencias de investigación y representantes del Ministerio Público, en la que se revisará de manera puntual el trabajo realizado durante el último año.
“Al inicio de cada año se hace un balance: quién cumplió con su responsabilidad, quién quedó a deber y quién rebasó los límites. A partir de ahí se tomarán decisiones”, señaló el Fiscal, al subrayar que se trata de un ejercicio institucional de evaluación y rendición de cuentas.
Fernández Montañez enfatizó que la permanencia del personal en la Fiscalía depende directamente de los resultados, por lo que quienes no hayan cumplido con los objetivos establecidos deberán dejar su puesto, mientras que los elementos que han respondido de manera positiva contarán con el respaldo institucional para continuar con su labor.
Asimismo, destacó que el estado mantiene indicadores favorables tanto en incidencia delictiva como en percepción ciudadana de seguridad, cifras que, dijo, deberán consolidarse y mejorar a lo largo de 2026 en todas las regiones.
Finalmente, el Fiscal General reconoció que el presente año representa un reto importante en materia de seguridad, al recordar que el cierre de 2025 con 85 homicidios obliga a redoblar esfuerzos para evitar que ese registro sea superado en los próximos 12 meses, reforzando las estrategias de prevención, investigación y combate al delito.
El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que la Fiscalía realizará ajustes internos que podrían incluir enroques y recortes de personal, una vez concluida la evaluación sobre el desempeño y los resultados obtenidos por quienes integran la institución.
El análisis, explicó, abarcó a mandos operativos, agentes de investigación y Ministerios Públicos, como parte de una estrategia orientada a reforzar la procuración de justicia y preservar los niveles de seguridad que actualmente registra el Estado.
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Como parte de este proceso, este viernes se llevará a cabo una reunión con los 38 mandos únicos, así como con comandantes de las agencias de investigación y representantes del Ministerio Público, en la que se revisará de manera puntual el trabajo realizado durante el último año.
“Al inicio de cada año se hace un balance: quién cumplió con su responsabilidad, quién quedó a deber y quién rebasó los límites. A partir de ahí se tomarán decisiones”, señaló el Fiscal, al subrayar que se trata de un ejercicio institucional de evaluación y rendición de cuentas.
Fernández Montañez enfatizó que la permanencia del personal en la Fiscalía depende directamente de los resultados, por lo que quienes no hayan cumplido con los objetivos establecidos deberán dejar su puesto, mientras que los elementos que han respondido de manera positiva contarán con el respaldo institucional para continuar con su labor.
Asimismo, destacó que el estado mantiene indicadores favorables tanto en incidencia delictiva como en percepción ciudadana de seguridad, cifras que, dijo, deberán consolidarse y mejorar a lo largo de 2026 en todas las regiones.
Finalmente, el Fiscal General reconoció que el presente año representa un reto importante en materia de seguridad, al recordar que el cierre de 2025 con 85 homicidios obliga a redoblar esfuerzos para evitar que ese registro sea superado en los próximos 12 meses, reforzando las estrategias de prevención, investigación y combate al delito.
