Exigen justicia por masacres en Coahuila; EU investiga a Z-40 por Allende y Piedras Negras

Luego de que la justicia de Estados Unidos imputó, a solo un año de su extradición, a uno de los líderes de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z-40”, por múltiples asesinatos en las comunidades de Allende y Piedras Negras, al norte de Coahuila, familiares de personas desaparecidas manifestaron su inconformidad porque el gobierno de México no ha logrado brindar justicia en el caso. Organizaciones civiles recordaron que los hechos señalados por el país vecino ocurrieron bajo la observancia de autoridades mexicanas.

Fueron fiscales de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos quienes presentaron la imputación ante un juez, en la que señalaron que, desde 2011, Miguel Ángel Treviño encabezó operaciones que concluyeron de manera dolosa con el homicidio de hombres, mujeres y menores de edad.

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En la acusación solicitaron al juez Trevor McFadden mantener medidas especiales de seguridad durante el proceso, diseñadas para casos de terrorismo, al advertir que Morales Treviño habría continuado realizando actividades de crimen organizado al interior de los centros penitenciarios donde estuvo recluido en México .

Sobre esta actualización judicial, la organización de derechos humanos Fray Juan de Larios resaltó que las operaciones del grupo criminal en el que participaba Treviño no se realizaron en solitario.

“Muchas de las desapariciones en Coahuila y en esta región del país ocurrieron en un periodo en el que el grupo criminal actuaba con la omisión de gobiernos estatales y federales en México”, señaló en redes sociales.

De acuerdo con informes como “Control... Sobre Todo el Estado de Coahuila”, elaborado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, en colaboración con Fray Juan de Larios, la actuación de la organización comandada en parte por Treviño Morales no solo se desarrolló bajo la omisión del gobierno de Humberto Moreira, sino que además se le señala de haber recibido al menos dos sobornos por un total de dos millones de dólares.

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El documento también refiere que el entonces secretario Vicente Chaires, y el exprocurador Jesús Torres Charles habrían acudido a reuniones para recoger sumas que alcanzaban hasta los dos millones de dólares a cambio de permitir el control total del estado.

Cuando se conocieron estas acusaciones en 2016, Moreira Valdés negó las acusaciones a través de un comunicado de prensa.

“Desconozco absolutamente las fantasías que se relatan. Durante mi ejercicio constitucional ningún colaborador me propuso algo impropio. Contestaré como siempre con la ley en la mano todas las falsedades publicadas acerca de este caso. Basta ya de pretender vincularme con quienes mataron a mi hijo”, dijo en una carta pública.

Por su parte, el colectivo buscador Alas de Esperanza, nacido en Allende, consideró que el avance del gobierno estadounidense representa una satisfacción parcial para las familias víctimas, aunque insistió en que en México también deben rendir cuentas quienes actuaron en contubernio.

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“El hecho de que en México no se haya hecho justicia es lamentable, pero si se logra en Estados Unidos habrá una satisfacción para las víctimas directas e indirectas. Sabemos que esta persona ahora no va a salir”, expresó Reyna Martínez.

Añadió que insistirán en que las investigaciones continúen en el país, pese a la falta de avances y a que muchos implicados han fallecido, guardan silencio o se encuentran prófugos.

En tanto, colectivos como Grupo VIDA, con sede en la región Laguna de Coahuila, que también padeció severa violencia durante la actividad criminal de Miguel Ángel y su hermano Óscar Omar, el “Z-42”, lamentaron que las leyes en México hayan sido tardías.

“Las leyes en México son su peor enemigo. En lugar de ayudar, perjudican. Tenemos leyes que no ayudan y ahora jueces que menos ayudan”, afirmó Silvia Ortiz, fundadora de Grupo VIDA y madre de Fanny Sánchez Viesca.

Recordó que la desaparición de su hija ocurrió en el contexto de la violencia atribuida a Los Zetas y que, pese a haber entregado información relevante a las autoridades, la justicia sigue sin llegar.