Debido a la alta incidencia y a la histórica ineficiencia gubernamental, a partir de 2010 los familiares de las personas desaparecidas y personas defensoras de derechos humanos demandaron el reconocimiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU; no obstante, las dos administraciones pasadas se negaron a aceptar la competencia del Comité, haciendo caso omiso a las legítimas demandas que una y otra vez levantaron la voz, pero que fueron silenciadas por la impunidad, la mentira y la injusticia.
