Exigen víctimas de fraudes inmobiliarios que aceleren proceso contra red de estafadores en Saltillo

Ante los retrasos e inconsistencias en la integración de las carpetas de investigación y en decisiones desconcertantes de jueces, una parte de las personas víctimas de presuntos fraudes inmobiliarios decidieron hacer públicas las irregularidades y convocar al resto de los afectados para elaborar un padrón y solicitarle a la autoridad que acelere los procesos en vista de que hasta ahora las estimaciones indican que son 100 millones de pesos en demandas penales y civiles.

La intención es agrupar a todos los afectados y acudir a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Tribunal Superior de Justicia a fin de hacer un manifiesto para buscar que se agilicen los procesos y se brinde una solución al mismo tiempo a todos los presuntamente defraudados.

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El abogado Miguel, así como Yolanda y Vanessa, dieron a conocer que su intención es demostrar a la autoridad que son muchos los afectados, que el monto presuntamente defraudado es alto, y que existen fallas en diferentes instituciones como la FGE, el Tribunal y la Dirección de Notarías, principalmente.

Explicaron que la señalada Lizeth “N” goza de impunidad porque tiene demandas que datan desde 2017 y es fecha que permanece arraigada en una vivienda que está también en proceso por un presunto despojo.

De acuerdo con versiones de varios de los afectados no solamente hay compradores afectados, sino también asesores inmobiliarios que hicieron inversiones con Lizeth, y que de igual manera fueron objeto de engaños porque las viviendas no estaban en remate y la presunta responsable tampoco era la dueña.

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Sin embargo, a la mayoría llama la atención que las pruebas presentadas indican que la persona señalada recibió diferentes cantidades de dinero en su cuenta bancaria y ha utilizado a empresas factureras, y sin embargo, las autoridades no han procedido para mantenerla en prisión y obligarla a reparar el daño.

Los testimonios indican que hay carpetas que tardan más de un año en integrarse y que al pasar a la fase de judicialización se vuelven a detener porque los jueces asignados a estos casos consideran insuficientes las pruebas.

Ante la lentitud y las irregularidades, Yolanda, Vanessa y Miguel decidieron convocar a una concentración en las instalaciones del Centro de Justicia Penal, y para ello ponen a la disposición de los defraudados el número telefónico: 844-448-99-63 y el correo electrónico lago.fraude@gmail.com en donde recibirán indicaciones de la hora y fecha.

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En ese mismo lugar se solicitará a la autoridad que agilice los procesos, que sean transparentes en el actuar y se hará un padrón de personas afectadas a fin de llevar las peticiones a otras instancias.