Denuncian amenazas y retrasos legales víctimas de fraude en Saltillo
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Los afectados declaran que tienen más de un año sufriendo de las complicaciones de su caso, señalan la falta de acción de las autoridades
Un grupo de ciudadanos saltillenses fue víctima de una serie de fraudes, en los cuales se les realizaron ventas inmobiliarias falsas, motivo por el cual han llevado a cabo procesos legales de los que no han recibido resolución.
Las víctimas decidieron tomar cartas en el asunto desde hace más de un año, comenzando con procesos legales con el objetivo de recibir la devolución de su dinero y las reparaciones de los daños causados.
“Ya tiene más o menos un año que nosotros pusimos las denuncias, mismo que hemos tenido que estar pagando abogados y audiencia, tras audiencia, lograron emplazar a Liz, pero ya salió libre con su brazalete”, dijeron los afectados.
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Lizbeth “N”, mejor conocida como “Liz”, es una mujer que fue señalada bajo la responsabilidad de realizar ventas fraudulentas, misma que fue procesada por las autoridades judiciales del estado.
Tras enfrentar una serie de audiencias, a la mujer se le brindó la medida cautelar de arresto domiciliario con brazalete electrónico; sin embargo, los denunciantes expresan que “ya van dos veces que le autorizan permisos para poder realizarse cirugías estéticas”.
De la misma forma, expresaron que las redes sociales y los números de la señalada siguen activos, e incluso que “el bot que utilizaba para atender sigue funcionando como la primera vez que la contraté”.
Por otro lado, las víctimas expresaron que no es el único con el que realizaron ventas falsas, ya que otro hombre que fue identificado como Francisco “N” también se encargó de llevar a cabo contratos de esta índole.
Las primeras indagaciones señalaron que ambos acusados se encargaban de mostrar a la venta “casas en remate y que solo se podían ver por fuera, a precios que por sus condiciones tenían sentido”, para posteriormente resultar no ser los dueños.
Los denunciantes dijeron que ambos vendedores los llevaban a las oficinas de notarios, quienes se encargaban de escribir y hacerles firmar contratos de compraventa, por lo que ellos compraban con la certeza jurídica.
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“Al momento en que notamos las inconsistencias de la venta, nos dirigimos con el notario y él solo me dijo que era culpa mía, que yo era la que debí haberme dado cuenta del fraude y que él no podía hacerse responsable”, dijo una de las víctimas.
Los afectados señalaron específicamente dos notarías: la 75 y la 28, en donde les celebraron contratos presuntamente falsos de compraventa y con las cuales han tenido conflictos con los encargados.
También expresó que las influencias han llegado a tal punto, en que los fedatarios públicos presuntamente envían gente a su cargo, con el objetivo de intimidar a los denunciantes, “e incluso en una ocasión bajaron la entrevista que di porque envió a alguien a un medio local para bajarla”.
Los involucrados solicitaron a VANGUARDIA no se publiquen los nombre de quienes denuncian, debido a que han sido acosados e incluso algunos dijeron “hacer responsables de cualquier afectación a los notarios”, por las amenazas que están sufriendo.
