Fiscalía Anticorrupción de Coahuila deja de lado caso de ‘empresas fantasma’
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De seis investigaciones especiales solicitadas por el Congreso de Coahuila por presuntos actos de corrupción entre el 2014 y 2016, y que además implican un posible quebranto al erario de más de 539.3 millones de pesos, sólo un caso ha sido judicializado, con la vinculación a proceso de cuatro personas involucradas, incluído un ex alcalde.
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Sin embargo, del resto de los asuntos, que equivalen a la mayor cuantía de dinero, no se reportan avances en las investigaciones de las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASEC) hace más de cuatro años.
Uno de los casos más sensibles, y el cual abarca el mayor monto de un posible quebranto al erario, 410 millones de pesos, es el conocido como “empresas fantasma”, y cuya denuncia fue interpuesta en contra de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Coahuila, en la administración de Rubén Moreira.
En sesión del Congreso del Estado, celebrada el 27 de septiembre de 2016 los entonces diputados Jesús de León Tello (PAN), Leonel Contreras (PPC) y Sergio Garza Castillo (UDC), aprobaron la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción.
En esa denuncia se involucra un monto superior a los 410 mil pesos por presuntos actos de corrupción en contratos con llamadas “empresas fantasma”, durante los ejercicios 2014 y 2015.
Curiosamente, la Fiscalía Anticorrupción lo único que ha informado sobre el tema es que la denuncia fue turnada a la Dirección de Unidades de Investigación, de la Fiscalía General del Estado.
Otras dos denuncias son en contra del Municipio de Saltillo, por presuntas irregularidades que suman más de 41 millones de pesos, de los ejercicios 2014 al 2016 en la administración de Isidro López Villarreal (PAN); en este asunto, el estatus que se conoce a través del Informe de Seguimiento de la Auditoría es que se encuentra en carpeta de investigación.
De Sabinas, en la gestión del ex alcalde Ignacio Lenin Flores Lucio, se hicieron dos investigaciones por separado, las cuales acumulan un monto de observaciones superiores a los 24.5 millones de pesos.
El caso Sabinas es el único que desde hace más de 4 años en que se presentaron las denuncias, julio del 2018, pasaron de la Fiscalía Anticorrupción a la competencia de un juez penal.
En el mes de abril de 2018 el ex alcalde Ignacio Lenin Flores Lucio, su hermano Lenoid Agustín, Raúl Dante Guajardo y José Andrés Guerrero Véliz, fueron vinculados a proceso y después puestos en libertad con el uso de brazalete electrónico, el cual garantiza estar siempre localizados y evitar su fuga.
Sin embargo, de esa denuncia el monto incluido en el juicio no superaba los 3.5 millones de pesos, cuando las observaciones y denuncias de la Auditoría tuvieron un monto mayor a los 24.5 millones de pesos.
También está detenida la investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por presuntas irregularidades en el gasto de más de 65.4 millones de pesos en la Secretaría de Salud, también dentro de la administración estatal anterior.
Ignacio Lenin Flores Lucio es el único ex alcalde, de las investigaciones ordenadas expresamente por el Congreso, que ha sido detenido y luego puesto en libertad, los casos de las empresas fantasmas y las compras en la Secretaría de Salud siguen sin avance.
