La falta de supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Saltillo se evidencia en el arroyo colindante a la calle Luis González Obregón y la Casa de los Niños de Saltillo, donde se instalan tejabanes, tiran escombro y hasta se abrió un estacionamiento.
Es a espaldas del hospital del ISSSTE en la capital coahuilense donde vecinos aledaños reportaron a VANGUARDIA el desecho de escombro en el cuerpo de agua.
Si bien se observa en un recorrido realizado por este medio que el escombro tirado no ha tapado el cauce del arroyo, sí ha modificado su erosión natural.
La comparativa de imágenes de Google Maps y la actualidad permite ver que el relleno natural del cuerpo de agua se ha visto modificado.
El Atlas de Riesgos del Municipio de Saltillo determinó que ese arroyo presenta un riesgo “muy alto” de peligro por inundación e incluso tiene determinado un “punto crítico” por la misma razón.
Los desbordamientos de arroyos por lluvias de temporal son el único fenómeno catalogado en el nivel tres por su nivel de afectación en el Atlas.
Asimismo, la disposición de escombro sin regulación y la posesión de los terrenos aledaños a los mismos ya fueron detectadas como problemáticas por el mismo documento desde hace más de 10 años.
“Esto representa un peligro para los habitantes de la ciudad, en particular en los puntos donde esta problemática ocurre, pues esta condición puede originar puntos de acumulación de agua que pueden devenir en inundaciones que afecten a las propiedades cercanas a estos puntos, las personas que se encuentren en sus inmediaciones y el tráfico vehicular”, puntualiza el Atlas.
Asimismo, el Plan Director de Desarrollo Urbano 2020 --último realizado-- determinó que “los arroyos y escurrimientos de la zona urbana de Saltillo están azolvados e invadidos por no tener claro el derecho de vía”.
El terreno que se encuentra entre el centro de salud y el arroyo ha sido ocupado por vehículos, mismos que quedan estacionados durante el día a escasos metros del arroyo.
El municipio de Saltillo informó que el año pasado retiró más de 399 toneladas de escombro en 31 arroyos y afluentes.
‘SÍ HA VENIDO MUNICIPIO’
Aunado a ello, se han instalado al menos seis tejabanes de madera de los cuales solo están habitados dos. Vecinos afirmaron a VANGUARDIA haber comprado su terreno al lado del arroyo.
Sandra, habitante de uno de los tejabanes establecidos a unos 80 metros del arroyo, indicó que en varias ocasiones la Dirección de Protección Civil del municipio ha advertido a los habitantes sobre los riesgos de establecerse cerca del cuerpo de agua.
“Sí nos dicen ‘si no se quitan y pasa algo, es bajo su responsabilidad’. Otras personas han agarrado como área verde para sembrar, han sembrado arbolitos allá atrás”, explicó la vecina.
Aseguró que tiene alrededor de un año viviendo en el sitio y que no son constantes las veces que maquinaria acude al lugar para desechar escombro.
Por su parte, Jaime Hernández, quien se dedica a trabajos varios, indicó haber comprado su terreno e incluso tener papeles para adquirir el espacio a pesar de ser de carácter federal.
La comercialización de terrenos cercanos a arroyos sin supervisión de la Conagua es un fenómeno que se ha presentado con anterioridad en Saltillo, particularmente el año pasado en el colindante al bulevar Revolución y el bulevar Cedros en Nuevo Mirasierra.
Por este y otros casos, VANGUARDIA contactó vía telefónica a la delegación de Conagua, quien respondió que no pueden hacer declaraciones hasta después de las elecciones.
PROPONEN EMPRESA RECICLADORA
Fue en septiembre del año pasado que la docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, Griselda Salas, propuso una empresa recicladora y un banco de escombros para evitar el desbordamiento de arroyos.
Su propuesta se dio a partir del estudio “Los residuos de la construcción y la demolición de arroyos urbanos. Un estudio del comportamiento de los habitantes de Saltillo, Coahuila, en torno al manejo de los escombros”, presentado el 25 de septiembre de 2023 en el primer Congreso de Urbanismo y Arquitectura, que expuso el trabajo de investigación conjunta con los arquitectos María Rojas, Constantino Gutiérrez y Rubén Roux.
Entonces, Salas argumentó que hay un “descontrol administrativo” y que a la hora de desechar el escombro se omiten documentos importantes como el Atlas de Riesgo de Saltillo publicado desde el 2014.