Justicia climática debe surgir de la sociedad civil, afirma exministro de la SCJN en Torreón

El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, destacó que México atraviesa tiempos de emergencia que exigen una justicia climática activada por la firmeza de la sociedad civil.

Durante su intervención en el panel “Sentencia 543/2022. La protección y restablecimiento del acuífero de la Comarca Lagunera”, realizado en la Universidad Iberoamericana Torreón como parte del programa Río Diversa, el jurista subrayó que la protección de los recursos hídricos no es solo una responsabilidad presente, sino un deber imperativo hacia las futuras generaciones

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Para González Alcántara Carrancá, la defensa constitucional del medio ambiente no nace en los muros de la Corte, sino en la voluntad de la población. El ministro en retiro fue enfático al señalar que los jueces no son los protagonistas de la historia ni de la vitalidad de la Constitución. Ese papel, enfatizó, les corresponde a los activistas, abogados y ciudadanos que forjan una “resistencia constitucional” contra el embate depredador de los recursos hídricos.

El ministro fue el ponente del amparo en revisión 543/2022, en donde dio la razón a ProDefensa del Nazas respecto a las omisiones de las autoridades para proteger el acuífero Principal de La Laguna. Sobre este tema, dijo que es el ejemplo máximo de la sinergia entre activistas, abogados y ciudadanos.

Según el ponente, esta sentencia es el resultado del esfuerzo de personas conscientes de la urgencia de proteger su entorno frente a la omisión sistemática de las autoridades como SEMARNAT y CONAGUA, dependencias que por largo tiempo ignoraron la crisis hídrica de la zona. “La defensa verdadera proviene de ustedes”, afirmó.

La resolución de la Primera Sala de la SCJN sobre el acuífero de La Laguna ha dejado, según el ministro en retiro, tres pilares fundamentales que transforman la arquitectura del derecho en México: la legitimación y entorno adyacente, el principio de precaución y la gestión sustentable intergeneracional.

Sobre el primer punto, apuntó que la Corte rompió con la visión estrecha de la “vecindad inmediata”, pues ahora se establece que cualquier persona que habite o utilice el área de influencia de un ecosistema posee un interés legítimo para exigir su protección, al ser beneficiaria de sus servicios ambientales.

Sobre el principio de precaución, comentó que este hito establece que la falta de pruebas científicas detalladas sobre un daño no puede ser excusa para la inacción estatal. Ante la duda sobre riesgos ambientales, las autoridades deben resolver siempre a favor de la naturaleza, explicó.

Y sobre la gestión sustentable intergeneracional, dijo que se consolida la doctrina de que el derecho al agua debe ejercerse sin agotar el patrimonio de quienes aún no han nacido. Expuso que el Estado debe demostrar que su política hídrica garantiza el recurso para el futuro, armonizando el desarrollo económico con la protección del ecosistema

El ministro en retiro explicó que estos pilares han derivado en estándares de cumplimiento obligatorios, por ejemplo, la autoridad responsable es quien tiene el deber imperativo de demostrar científicamente que ha implementado medidas positivas y eficaces, y que no ha incurrido en una inactividad inconstitucional.

González Alcántara Carrancá instó a la sociedad a no permitir que estos precedentes se conviertan en “reliquias”, sino en motores de cambio para consolidar a la naturaleza como un sujeto de derecho.

”Somos los almacenes de un recurso que no nos pertenece, sino que nos ha sido confiado”, sentenció.