Ligan a AHMSA en sobornos de Odebrecht

La alianza de presunta corrupción entre Altos Hornos de México (AHMSA) de Alonso Ancira Elizondo y el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, se extendería más allá de la compra de la empresa “chatarra” de Agronitrogenados, y esto salió a flote en el proceso por el caso Odebrecht.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el exdirector general de Pemex, su hermana Gilda, su esposa Marielle y su madre Margarita, habrían participado en la entrega de sobornos, tanto de AHMSA como de Odebrecht.

La conexión que tanto Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, como la FGR y la UIF encontraron entre la empresa monclovense AHMSA y el ex director general de Pemex son la abogado Tania Beatriz López Abud y el abogado Juan Carlos Quintana Serur, quien aparece como secretario del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, pero que de acuerdo con una aclaración de la propia empresa, no tiene un cargo directivo y sólo presta servicios.

TRANSFERENCIAS DE LA COMPAÑÌA

Entre los elementos que presentó FGR se encuentran de nuevo transferencias de la compañía Tochos Holding Limited de Monclova a Suiza, y también transferencias, y apoyo legal de Quintana Serur, para la adquisición en 2013 de una propiedad en Ixtapa Zihuatanejo, con valor de 1.9 millones de dólares.

En el caso de López Abud fue designada por el Consejo de Administración de AHMSA como delegada ante la Bolsa Mexicana de Valores, pero también aparece como socia de la esposa del ex director de Pemex, Marielle, en la empresa Yucani, que está siendo investigada por presunto lavado de dinero.

Emilio, quien pidió ayer en juicio ser identificado con las iniciales ERLA para proteger su identidad, compareció ayer ante el juez Juan Carlos Ramírez Benítez, para responder por los delitos de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, estos relacionados con el llamado “Caso Odebrecht”, empresa constructora internacional acusada también de sobornar a funcionarios públicos en México para obtener contratos.

La FGR acusó que ERLA conoció a Luis Alberto M, representante de Obredecht en México, cuando estaba en la campaña política de 2012 del expresidente Enrique Peña Nieto, y además de referir un pago de 4 millones de dólares le ofreció un puesto público en la administración federal para poder proporcionar contratos de obra pública en Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas.

De nueva cuenta, “ERLA” se declaró no culpable de los hechos que se imputan, reiteró su compromiso de reiterar con la investigación y alegó que por eso renunció a su procedimiento de extradición en España.

También ahora declaró que por los hechos que se imputan fue intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado, y que denunciará y señalará a las personas responsables de los hechos y posibles beneficiarios de los mismos.