Luis Gerardo Marines ocultó en su declaración de conflicto de interés, ser dueño de la empresa del caso VANGUARDIA
El socio de Grupo Inmobiliario Juárez S. A. de C.V. nunca reportó en sus declaraciones ante la Secretaría de Fiscalización del Estado que tenía este conflicto
Luis Gerardo Marines González, uno de los socios de Grupo Inmobiliario Juárez S.A de C.V, la empresa que promovió el juicio mercantil contra VANGUARDIA, ocultó pertenecer a esta sociedad en sus declaraciones patrimoniales y de intereses como funcionario público, lo que se considera una falta grave de acuerdo con el artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Como lo informó VANGUARDIA el día de ayer, la empresa fue constituida en 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua y para 2016, la sociedad fue adquirida por nuevos dueños: Sergio Carrillo Campos, exdirector del Registro Público de Monclova en tiempos de Humberto Moreira, y Luis Gerardo Marines González, quien actualmente trabaja en el Poder Judicial del Estado.
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Sin embargo, a pesar de ser parte de una empresa, esto no fue informado por Marines González en cinco declaraciones patrimoniales y de intereses entre 2021 y 2023, y una de 2018, según pudo corroborar VANGUARDIA en la versión pública transparentada por la secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
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El formato de la declaración de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos comprende una pregunta sobre si existe participación en empresas, sociedades o asociaciones, a lo que Luis Gerardo Marines González respondió que no.
Este ocultamiento es una falta grave de acuerdo con el artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas:
“Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses...”.
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Las declaraciones patrimoniales de Luis Gerardo Marines González dentro de la estructura del Poder Judicial de Coahuila no están disponibles en la página ni del Poder, ni de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
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Este funcionario dueño de la empresa demandante, siempre ha vivido del erario en puestos de tercer nivel: fue Jefe de Relaciones Laborales en la dirección de Servicios Administrativos, en la administración municipal de Saltillo, director de Recursos Humanos en la Fiscalía estatal, trabajó en la secretaría de Desarrollo Social, fue coordinador operativo del Congreso y trabajó en la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro del PRI. Hasta que fue nombrado coordinador de Tribunales Laborales en 2022.
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